La AN escucha este miércoles a los exjefes de gabinete de las exministras Maroto y Ribera en el 'caso hidrocarburos'

Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, quienes encabezaron los gabinetes de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto, respectivamente, comparecen este miércoles ante la Audiencia Nacional (AN) como testigos en el marco de la investigación del denominado 'caso hidrocarburos'. Según reportó el medio, el juez Santiago Pedraz convocó a ambos como parte de una serie de diligencias con el fin de esclarecer el alcance de las presuntas conexiones entre una organización delictiva vinculada al sector energético y la infiltración en varios ministerios estatales. El magistrado busca claridad sobre la supuesta implicación de altos cargos públicos y empresarios en operaciones que presuntamente favorecieron a la empresa Villafuel y facilitaron delitos contra la Hacienda Pública, así como blanqueo de capitales.

De acuerdo con la información publicada, el calendario de comparecencias fijado por el juez Pedraz integra tanto a testigos como a investigados. Este miércoles también debe declarar Claudio Rivas, señalado como socio de Víctor de Aldama, quien es considerado un supuesto conseguidor en el 'caso Koldo' y figura clave en la presunta trama de hidrocarburos asociada a Villafuel. Al día siguiente, jueves, deberán prestar declaración el director general de Política Energética y Minas, Manuel García; y Manuel Salles, administrador de una firma relacionada con el caso, ambos en calidad de testigos. El viernes continuarán las diligencias con las comparecencias de Carmen Pano y su hija Leonor González, en calidad de investigadas. Carmen Pano declaró que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz, hecho relevante para las pesquisas. Ese viernes también testificará Álvaro Gallego, a quien los investigadores vinculan con la retirada de 108.500 euros en efectivo.

Según consignó el medio, la investigación se centra en analizar cómo la supuesta organización criminal habría logrado introducirse en la estructura del Ministerio de Transportes bajo la titularidad de José Luis Ábalos, así como en los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigidos por Maroto y Ribera. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuyen a Víctor de Aldama un papel central como persona con acceso directo al entorno de Ábalos y como mediador clave para obtener resoluciones administrativas favorables para Villafuel en su aspiración de operar como mayorista en el sector de los hidrocarburos.

El informe de la UCO, citado por el medio, sostiene que la red utilizó estas conexiones para influir en el otorgamiento de autorizaciones de operación que Villafuel no habría conseguido cumplir por la vía ordinaria, presuntamente obteniéndolas a cambio de contraprestaciones económicas. Aldama y Rivas son señalados como los responsables de tomar decisiones y coordinar la estructura operativa de la trama. Los investigadores describen la red como una organización criminal establecida para cometer delitos fiscales en el ámbito de los hidrocarburos y blanqueo de capitales, apoyándose en una estructura societaria compuesta por Villafuel y otras compañías del mismo sector.

El medio detalló que esta organización habría creado una red paralela de sociedades mercantiles cuyo objeto era facilitar la ocultación y reciclaje de los fondos provenientes de las actividades ilícitas. La génesis de las operaciones investigadas remonta al año 2020, época en la que desde el entorno de la supuesta organización se habría solicitado la intervención de Aldama para conseguir, principalmente a través de contactos dentro del Ministerio de Transportes, la licencia necesaria para que Villafuel actuara como operadora mayorista. Según la investigación, se habría invertido hasta un millón de euros en acciones para influir tanto en el empresario, como en el propio Ábalos y en su exasesor, Koldo García.

El atestado elaborado por la UCO, mencionado en diferentes partes de la causa y según los informes recogidos en el medio, expone el funcionamiento general de este tipo de delitos. El mecanismo comienza cuando la organización adquiere una empresa capaz de distribuir productos petrolíferos al por mayor y efectúa compras en depósitos fiscales. En esta fase, solo se abonan los impuestos especiales pero no el IVA. La operadora mayorista debe declarar el IVA al Estado una vez que lo cobra a las gasolineras clientes, quienes adquieren el producto con el impuesto aplicado. El fraude se materializa cuando la organización deja de transferir esos fondos del IVA a la Hacienda Pública, a pesar de haberlos recibido de las estaciones de servicio. Como la operadora mayorista no soporta el IVA en la cadena, la cantidad que debería abonar corresponde prácticamente a la totalidad del impuesto recibido, importe que no es ingresado al erario público.

Según explicó la UCO y fue reportado por el medio, el esquema fraudulento ha evolucionado como respuesta a la vigilancia policial y judicial, con los implicados creando nuevas sociedades intermediarias para distanciarse de las operadoras originales y evitar sanciones como la inhabilitación administrativa. La obtención de la condición de operador mayorista comporta un estricto control legal, lo que aumenta el interés de las tramas delictivas en dificultar el rastreo y la intervención de la actividad por parte de las autoridades.

A lo largo de la investigación judicial y policial, según relató el medio, se ha ido perfilando la compleja arquitectura de la presunta red delictiva y el modo en que su estructura buscaba tanto maximizar beneficios económicos ilícitos como minimizar el riesgo de ser descubierta o sancionada, dificultando la acción de los organismos públicos encargados de la supervisión del mercado de hidrocarburos y la recaudación fiscal. Las diligencias impulsadas por el magistrado Pedraz continúan centradas en la toma de testimonios y el análisis de la información financiera y societaria recabada, con el objetivo de determinar el grado de infiltración en las estructuras gubernamentales y el alcance del daño causado a la Hacienda Pública.

Las próximas comparecencias ante la Audiencia Nacional, siguiendo lo dispuesto por el juez instructor, buscan reunir elementos que permitan delimitar responsabilidades y detallar cómo operaba la organización en su intento de burlar los controles estatales. De esta forma, según informó la fuente, la acumulación de testimonios y pruebas documentales será determinante para esclarecer los vínculos entre altos cargos, empresarios y la presunta trama criminal que ahora se investiga en el 'caso hidrocarburos'.