Una asociación pide que un perito independiente informe de la vía y "posible relación"

La Asociación Liberum, en el marco de la causa instruida tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, solicitó a la Justicia la designación de un perito judicial independiente, especializado en infraestructuras ferroviarias, con el objetivo de analizar el estado de la vía en el punto donde se produjo el siniestro el 18 de enero de 2026, así como de determinar si existían deficiencias advertidas anteriormente y su posible vínculo con el accidente. El medio Europa Press detalló que la petición busca esclarecer la relación entre el estado de la infraestructura y el accidente, que dejó 45 personas fallecidas y más de 150 heridas, además de daños materiales significativos.

La querella presentada por la asociación ante el Juzgado de Montoro (Córdoba) amplió una denuncia anterior y se dirige contra dos directivos de Adif, uno de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf) y contra cualquier otro eventual responsable a quien, según criterios judiciales, pudiera atribuirse una eventual responsabilidad penal en función de su cargo o desempeño. Entre los hechos señalados en el escrito recogido por Europa Press figuran delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según la asociación, el accidente implicó al tren LD AV Iryo 6189, procedente de Málaga, en las cercanías de Adamuz. Los querellantes exponen que existe constancia de advertencias previas sobre el deterioro de la línea, subrayando que el 8 de agosto de 2025 el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) envió a los denunciados una comunicación formal. La notificación resaltaba inquietudes sobre el estado general de las líneas de Alta Velocidad, y en particular de las líneas 010, 030, 040 y 050, a raíz de la presencia reiterada de “baches”, “garrotes”, descompensación en la catenaria y otras irregularidades, factores ligados a la merma de confort y fiabilidad en los viajes que, según consignó Europa Press, también venían afectando al material rodante con averías continuas.

El documento presentado indica que los maquinistas informaban diariamente sobre estas incidencias a los responsables de Circulación de Adif, sin que se haya registrado ninguna actuación para remediar la situación. Ante esto, el propio sindicato propuso de manera formal una acción preventiva: limitar la velocidad máxima a 250 kilómetros por hora en las líneas referidas, hasta que se realizara la adecuación necesaria. El medio Europa Press señaló que ni se redujo la velocidad como solicitó el sindicato, ni se procedió a intervenciones urgentes de mantenimiento en las vías señaladas.

Los querellantes afirman que la ausencia de medidas por parte de los directivos constituyó un incumplimiento de su deber de garantizar la seguridad de pasajeros y trabajadores, prolongando un escenario de riesgo ya advertido de forma expresa y detallada. Según expone Europa Press, la asociación recalca que el siniestro en Adamuz representa la consecuencia directa y materialización del riesgo advertido e ignorado, ya que la omisión de las actuaciones necesarias fue un factor causal relevante en la tragedia.

De acuerdo con el escrito presentado, la existencia de documentos operativos internos de Adif acredita que las carencias de la infraestructura ferroviaria eran conocidas por los responsables. Dichos documentos reflejan la imposición previa de limitaciones por deficiencias técnicas como “estado de vía”, “mal estado de la vía”, “estado de terraplén”, “rotura de carril” o “garrote” en tramos cercanos al punto del accidente. Europa Press precisó que esto evidencia un problema sistemático en el corredor ferroviario, cuya gravedad habría sido del conocimiento de los directivos.

Liberum sostiene que los hechos podrían encuadrarse como delito de homicidio por imprudencia grave respecto de cada víctima mortal y lesiones graves por imprudencia por cada persona herida, conforme al Código Penal. Argumenta que la gravedad de la imprudencia reside en la omisión de las normas básicas de cuidado exigidas a los altos cargos responsables de la seguridad ferroviaria, especialmente después de recibir advertencias explícitas sobre el riesgo. Además, la asociación imputa un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de omisión de medidas de seguridad e higiene, debido a que, según el texto publicado por Europa Press, no se habrían facilitado condiciones seguras para que el personal desempeñara sus labores sin poner en peligro su vida o integridad física.

La querella vincula esta responsabilidad con la posición de garante que otorgan los cargos en Adif y Aesf, lo que implica una obligación legal concreta de intervenir para prevenir riesgos en la circulación ferroviaria. A este fundamento se suma que los responsables tenían conocimiento efectivo de los peligros, según las comunicaciones recibidas desde Semaf.

Para conocer los detalles de lo ocurrido y recabar pruebas, Asia Liberum pide la comparecencia en calidad de investigados de los tres directivos mencionados, y la declaración de técnicos encargados del mantenimiento de la vía afectada, así como operadores del Control de Tráfico Centralizado y personal responsable de la intervención o retirada de material en la zona. En la lista de diligencias solicitadas se incluye el aseguramiento de los componentes de la infraestructura y del entorno del accidente para su inventario, documentación fotográfica y videográfica, etiquetado y preservación de la cadena de custodia.

Europa Press informó también que la asociación requirió a la Justicia la presentación por parte de Adif de los registros completos del sistema de Control de Tráfico Centralizado, incluidas órdenes, incidentes, alarmas y cronología de la jornada del accidente. Esta solicitud alcanza a las grabaciones de radiotelefonía y las comunicaciones operativas del servicio afectado. Se solicitó, asimismo, el historial de mantenimiento e inspecciones del tramo correspondiente en los 24 meses anteriores al siniestro, incluyendo informes de auscultación geométrica, pruebas y ensayos técnicos del carril, órdenes de trabajo preventivo y correctivo, registros de incidencias y toda la documentación relacionada con la renovación y el estado de la infraestructura.

Todas estas medidas, según consignó Europa Press, buscan establecer de manera detallada la secuencia de hechos y el alcance de las responsabilidades por el accidente de Adamuz.