El Gobierno crea una delegación de Interior en Qatar para reforzar la cooperación en seguridad y lucha antiterrorista

España abrirá una nueva oficina policial en Doha, respaldada por un decreto publicado en el BOE, tras acuerdos recientes y el aumento de colaboración con Qatar, buscando fortalecer estrategias frente a amenazas y crimen que afectan intereses nacionales

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La creciente colaboración en materia de seguridad entre España y Qatar ha experimentado un impulso desde la Copa Mundial de la FIFA en 2022, generando nuevas formas de intercambio y capacitación policial entre ambos países, según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de esta dinámica, España ha acordado abrir una oficina policial en Doha, establecida formalmente mediante el Real Decreto 40/2026, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Tal como informó el medio oficial, la decisión responde a la necesidad de ajustar el despliegue exterior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la evolución de la criminalidad organizada y las amenazas terroristas con repercusión en territorio español. El Gobierno ha detallado que la nueva oficina, que llevará el nombre de Agregaduría de Interior, estará situada dentro de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado de Qatar. Esta iniciativa pretende optimizar los recursos ya existentes e incrementar la interlocución con las autoridades qataríes en lo relativo a la seguridad pública y la formación policial.

El Consejo Ejecutivo de Política Exterior avaló la medida en su reunión del 17 de diciembre de 2025, según consignó el BOE, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación expresó su conformidad con la propuesta. El Ministerio del Interior será responsable de la oficina por medio de la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad, aunque la dependencia jerárquica directa será del embajador de España en Qatar.

El Real Decreto destaca que la decisión de abrir la oficina policial en Doha está justificada por criterios estratégicos y operativos, teniendo en cuenta el rol de Qatar como mediador regional, en especial en relación al conflicto de Gaza. Además, la norma recalca la importancia de mantener Consejerías y Agregadurías de Interior en aquellos países donde la actividad delictiva puede tener un impacto significativo en España o donde la colaboración policial es considerada prioritaria.

No se contemplan incrementos en el presupuesto para el establecimiento y funcionamiento de la nueva oficina, ya que los costes necesarios procederán de los créditos asignados previamente, tal como estipula la normativa publicada. De acuerdo con el BOE, este enfoque permite reforzar la presencia española con los recursos ya disponibles, evitando la necesidad de partidas adicionales y manteniendo la gestión en el marco de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales reconocida por la Constitución.

El refuerzo de las estrategias de seguridad y la cooperación con autoridades qataríes se inscribe en una relación bilateral que ha avanzado desde el acuerdo firmado el 10 de diciembre pasado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Doha. El documento firmado entonces estableció un plan de acción para intensificar el intercambio de información y apoyar medidas conjuntas contra delitos que afecten los intereses nacionales.

La entrada en vigor de la nueva norma tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el BOE, consolidando a Qatar como un socio relevante en la política de seguridad exterior de España, según publicó el medio oficial. Grande-Marlaska reconoció el papel de Qatar como un "actor clave en la diplomacia y la resolución de conflictos", lo que refuerza la conveniencia de incrementar la presencia institucional española en el país de Oriente Medio.

La Agregaduría de Interior en Doha representa un paso adicional para adaptar las redes internacionales de seguridad españolas a las amenazas delictivas globales y a los desafíos derivados de la situación geopolítica en la región, tal como quedó recogido en la justificación del Real Decreto.