Vox se querella contra el presidente de Adif y la expresidenta por "delito de homicidio imprudente"

Dentro del proceso judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz, la formación política Vox ha puesto de relieve la existencia de advertencias previas sobre averías e incidencias en el tramo afectado, según reportó el medio. Estas advertencias, emitidas por maquinistas, el sindicato Semaf, InfoAdif y numerosos usuarios, habrían alertado sobre deficiencias en la vía donde ocurrió la tragedia. En este contexto, Vox presentó una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) contra Luis Pedro Marco de la Peña, actual presidente de Adif, y la expresidenta Isabel Pardo de Vera, a quienes responsabiliza penalmente por el suceso, de acuerdo con el comunicado difundido y reproducido por el medio.

Según informó el medio en base al comunicado de Vox, la querella incluye la acusación de un presunto delito de homicidio imprudente o imprudencia grave tras el accidente en Adamuz, que provocó más de 40 muertos y dejó un centenar de heridos. El documento entregado al juzgado no solo aborda la presunta imprudencia ligada al siniestro, sino que añade otras posibles irregularidades, como delitos que afectan los derechos de los trabajadores por presuntas infracciones graves del deber de cuidado, así como por prevaricación mediante comisión por omisión, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude vinculado a contrataciones públicas o a la liquidación de haberes públicos.

El medio detalló que la formación política argumenta que la gravedad de los hechos obliga a investigar exhaustivamente factores como el estado previo de toda la red ferroviaria del trayecto donde ocurrió el accidente, los procesos de adjudicación y ejecución de obras públicas relacionadas, la identidad de los participantes y beneficiarios de dichos contratos, y la efectividad de los procedimientos de seguridad y salud aplicados. Vox sostuvo que la gravedad objetiva del resultado, es decir, la muerte y lesiones de decenas de personas y los daños materiales, obliga a la justicia a determinar las posibles responsabilidades penales de los altos cargos implicados, mientras prosiguen las investigaciones técnicas sobre las causas directas del accidente.

En su querella, Vox añade que la investigación judicial debe superar el ámbito inmediato del siniestro para centrarse en la cadena de decisiones, mantenimiento y vigilancia desarrollada por la empresa ferroviaria, así como en el cumplimiento de las responsabilidades inherentes al ejercicio de funciones de máxima responsabilidad dentro de la entidad. A juicio de la formación, los querellados no habrían asegurado adecuadamente el mantenimiento y la supervisión de las infraestructuras, lo cual derivó en el accidente con graves consecuencias.

Como parte de las actuaciones solicitadas, Vox pidió al tribunal la comparecencia tanto de los dos altos cargos querellados, como del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión por el caso Koldo, y del actual secretario de Estado del área, José Antonio Santano Clavero. El objetivo de estas declaraciones es esclarecer hasta qué punto las esferas de toma de decisiones y de gestión de la red ferroviaria pudieron haber incidido en el suceso y en el estado de las infraestructuras señaladas. Vox propuso también citar a cualquier otra persona que pueda ser considerada responsable en función de su competencia o participación en los hechos investigados.

El medio informó que, según la argumentación recogida en el escrito de denuncia, Vox destaca la necesidad de garantizar la restitución de la confianza de los usuarios en el servicio ferroviario. La formación subrayó la importancia de analizar cómo se adjudicaron y ejecutaron los contratos de mantenimiento y gestión, así como identificar a las personas y órganos que intervinieron en dichas contrataciones. A su juicio, la existencia de alertas reiteradas previas sobre el mal estado del tramo es una evidencia relevante al momento de determinar la responsabilidad penal derivada de una supuesta falta de diligencia en el cumplimiento del deber legal de cuidado.

A lo largo del proceso judicial abierto tras la tragedia, según consignó el medio, la investigación no solo deberá esclarecer los motivos técnicos del accidente sino también examinar la gestión y vigilancia previa y las decisiones administrativas vinculadas. La querella busca establecer si la actuación u omisión de los responsables de Adif tuvo relación directa con el accidente y si, más allá de las causas inmediatas, existen responsabilidades legales derivadas del ejercicio de sus cargos.

El medio detalló que Vox argumenta que, independientemente del análisis futuro sobre las causas técnicas específicas, el resultado objetivo del accidente, es decir, el elevado número de fallecidos y heridos así como los considerables daños materiales, obliga a exigir una investigación judicial sobre las competencias legales, el deber de diligencia y los procesos de toma de decisiones en el seno de Adif. El texto de la formación política sostiene que la existencia de avisos previos por parte de trabajadores, sindicatos y usuarios contribuye a fundamentar la imputación de responsabilidades penales, al considerarse que estos avisos debieron haber motivado una intervención efectiva por parte de los responsables de la gestión de la infraestructura.

De acuerdo con la información consignada por el medio, la querella presentada, además de apuntar a los máximos responsables de Adif, abarca también a otros posibles actores involucrados en las contrataciones o en las labores de supervisión y seguridad de la red ferroviaria. Vox propuso que la investigación valore la participación de todos los niveles jerárquicos que hayan tenido influencia en la toma de decisiones críticas relacionadas con las áreas bajo indagatoria.

Tal como remarcó el medio en su cobertura, la formación política consideró que la respuesta judicial debe ir más allá de la atribución inmediata de culpas técnicas para extenderse a la identificación de responsabilidades legales y administrativas de quienes, según su criterio, tenían el deber de garantizar el correcto mantenimiento, la seguridad y la prevención de riesgos para pasajeros y trabajadores del ferrocarril.