El Supremo escucha mañana a los dos eurodiputados de SALF que denunciaron a 'Alvise' por presunto acoso

El Supremo señaló que la denuncia presentada contra Luis 'Alvise' Pérez por los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, antiguos miembros de Se Acabó La Fiesta (SALF), incluye episodios donde los denunciantes manifestaron temor por su seguridad tras la difusión de sus datos personales y la publicación de mensajes que consideraron como acoso. Ambos políticos, quienes tras abandonar SALF se incorporaron al grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, describieron ante el tribunal la intensidad y el impacto de esas acciones, además de los cambios en sus rutinas y emociones que aseguran haber experimentado. Este contexto de las acusaciones forma parte de la investigación que dirige actualmente el magistrado Manuel Marchena, quien aceptó la querella y abrió diligencias previas con el objetivo de esclarecer los hechos, detalló Europa Press.

Según informó el medio, la Sala de lo Penal convocó este lunes a los querellantes para recoger sus declaraciones en el marco de las diligencias relacionadas con presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. El juez Marchena solicitó también a 'Alvise' que indique si pretende declarar de manera voluntaria antes de que el Parlamento Europeo resuelva la autorización para proceder judicialmente contra él y, simultáneamente, inició los trámites formales para solicitar ese permiso parlamentario.

El medio Europa Press detalló que la querella fue admitida por el Tribunal Supremo el 27 de junio, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal. La causa es la cuarta que involucra al dirigente de SALF ante el Supremo. Previamente, el tribunal había abierto procedimientos contra Pérez por difundir, presuntamente, una prueba PCR falsa atribuida al exministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; por el supuesto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la supuesta financiación irregular del partido, relacionada con la recepción de 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, según publicó Europa Press.

En su denuncia, los eurodiputados relataban que la campaña sostenida de mensajes publicados por ‘Alvise’, tanto en un pódcast como en su canal de Telegram, promovió un acoso continuado en línea y facilitó la divulgación de información privada sobre ellos, como correos electrónicos, teléfonos y perfiles en redes sociales. Esta exposición provocó una oleada de mensajes ofensivos o amenazantes que, según los denunciantes, les llevó a una situación persistente de inseguridad y la necesidad de alterar hábitos personales, como cerrar perfiles en redes, restringir la interacción en otras plataformas y dejar de responder llamadas de remitentes desconocidos. Destacaron también la llegada de miles de correos electrónicos de contenido hostil que, a su juicio, obstruían de manera significativa su labor parlamentaria y afectaban su vida familiar, sumándose al miedo de ser abordados en espacios públicos, según la información de Europa Press.

Europa Press consignó que el Tribunal Supremo observa indicios de que el líder de SALF realizó llamamientos públicos, tanto en pódcast como en Telegram, para que sus seguidores manifestaran actitudes hostiles y persiguieran de manera reiterada a los políticos querellantes. El auto judicial sostiene que, a pesar de la recepción masiva de mensajes señalando que tales acciones perjudicaban a los eurodiputados, ‘Alvise’ habría continuado incentivando el acoso, al punto de incitar a terceros para alterar el desarrollo normal de la vida de Solier y Junco. Según el Supremo, “aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito”, ‘Alvise’ “pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas”.

El tribunal aportó como ejemplo declaraciones del investigado en su pódcast ‘Eclécticos Worldwide’, fechado el 20 de abril: “Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado”. La resolución judicial apunta que los llamamientos de ‘Alvise’ inducían a sus seguidores a ejercer presión directa, incentivando la hostilidad y la intromisión en la vida diaria de los denunciantes.

Europa Press subrayó que la investigación del Supremo se centra en determinar si la conducta de ‘Alvise’ encaja en los tipos penales de acoso y revelación de secretos. El auto del magistrado Marchena recoge el análisis de la posible “intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas”, enfatizando la cantidad de personas potencialmente movilizadas por los mensajes lanzados desde las plataformas digitales que administra el líder de SALF.

Además de dictar la citación a los querellantes para la toma de declaración, el magistrado instructor estableció los pasos procesales para requerir la autorización de la Eurocámara, debido a la condición de eurodiputado tanto de los denunciantes como del propio investigado. El proceso sigue incorporando información relevante sobre la actuación de ‘Alvise’ y los efectos que, según la denuncia, habría tenido sobre la vida personal y profesional de Solier y Junco, conforme difundió Europa Press.