Santa Bárbara prevé recurrir en el Supremo los contratos de artillería de Indra y Escribano por 7.240 millones

Santa Bárbara Sistemas planteó ante el Tribunal Supremo que permitir la ejecución de los préstamos estatales para la UTE formada por Indra y Escribano podría restringir de manera notable sus posibilidades de competir en el sector de defensa español durante los próximos años, afectando también su proyección internacional. Tal como informó Europa Press, la compañía afirma que limitar estos créditos es crucial para evitar un “perjuicio irreparable” a su posición, ya que se define como el único fabricante de sistemas de artillería en España y la principal empresa en vehículos de combate terrestre dentro de la industria de defensa nacional.

La empresa, controlada por General Dynamics European Land Systems (GDELS), recurrió a la vía judicial tras quedar fuera de la puja organizada por el Ministerio de Defensa para contratar los nuevos sistemas de artillería militar que forman parte del plan de modernización de las fuerzas armadas españolas. Según detalló Europa Press, el procedimiento se llevó a cabo bajo la modalidad de negociado sin publicidad ni concurrencia, una circunstancia que Santa Bárbara critica al señalar que ni siquiera fue invitada a participar.

De acuerdo con el expediente judicial al que accedió Europa Press, la impugnación de Santa Bárbara también incluyó la solicitud al Tribunal Supremo para que suspenda de manera cautelar los préstamos estatales otorgados a la UTE Indra-Escribano. El monto solicitado para paralizar asciende a 3.000 millones de euros, a un interés del 0%, recursos asignados para financiar los contratos relativos a los obuses de ruedas y de cadenas, valorados en conjunto en 7.240 millones de euros.

En la documentación aportada por Santa Bárbara Beatriz en el recurso judicial, la empresa alega que dejar en pie los contratos y los préstamos podría suponer la exclusión de la compañía del mercado de artillería y blindados en España y reducir de manera significativa su actividad en el país a medio y largo plazo. Esta situación, argumenta la empresa, pondría en peligro su presencia internacional, un aspecto que, según insisten en el recurso citado por Europa Press, representa un daño que no podría revertirse.

El Ministerio de Defensa adjudicó el pasado 22 de diciembre el contrato para la adquisición de obuses de ruedas a la UTE Indra-Escribano por cerca de 2.686 millones de euros y el relativo a los obuses de cadenas por casi 4.554 millones de euros, reportó Europa Press. Aunque ambos contratos ya fueron formalizados, distintas fuentes confirmaron al medio que Santa Bárbara aún no ha presentado formalmente el recurso con el que pretende que el Supremo suspenda la ejecución de los procedimientos de adjudicación.

En su reclamación judicial, la empresa solicitó asimismo que el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 fuese considerado hábil para avanzar rápidamente con la resolución de las medidas cautelares. Según recogió Europa Press, el Tribunal Supremo rechazó esta petición.

Santa Bárbara expuso ante el Supremo que la adjudicación de estos contratos bajo condiciones que, afirma, restringen la competencia, beneficia a empresas que, en comparación, considera menos acreditadas en este terreno. Según los argumentos recogidos en la documentación legal y publicados por Europa Press, la empresa remarcó: “SBS [Santa Bárbara Sistemas] no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia que tramita el MINDEF [Ministerio de Defensa] para la adjudicación de los citados PEM –programas especiales de modernización–, por lo que recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte”.

La argumentación de Santa Bárbara también menciona, según información difundida por Europa Press, que Indra y Escribano carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes a los que aporta la compañía, lo que, en opinión de la parte demandante, justificaría la suspensión cautelar no solo de los préstamos estatales, sino también de toda la adjudicación.

En el momento de la presentación del recurso que solicita bloquear los préstamos al 0% de interés para los dos contratos, la adjudicación aún no se había producido formalmente, precisó Europa Press. Pese a ello, las adjudicaciones terminaron materializándose, por lo que la empresa mantiene su intención de recurrir y pedir la suspensión tan pronto tome conocimiento oficial de las mismas.

Europa Press detalló que el conflicto surge en el contexto de la ejecución de los dos principales programas de artillería previstos por la estrategia española de modernización militar, con foco especial en plataformas blindadas y sistemas de artillería. Para Santa Bárbara, cualquier avance en la ejecución de estos contratos y la concesión de financiación estatal actuaría durante una década como un elemento que condicionaría de forma decisiva su capacidad para participar en futuros procesos dentro del sector de defensa español, del que históricamente forma parte y en el que, subraya la empresa, acredita amplia experiencia y capacidad industrial.

De esta forma, el recurso presentado incorporó no solo peticiones de suspensión inmediata, sino también una impugnación general a la forma en que se desarrolló el proceso de contratación, advirtiendo al Supremo de la posibilidad de un impacto irreversible sobre el equilibrio del sector.