El PP creará mañana otra comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

El arresto de figuras clave en la dirección de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de la exmilitante socialista Leire Díez, realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en diciembre de 2025 como parte de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presunta corrupción, ha elevado la presión política sobre el manejo de fondos públicos vinculados al rescate de empresas estratégicas. Días después de estas detenciones, la Guardia Civil inició el requerimiento de documentos en las sedes de Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, en busca de pruebas relacionadas con posibles irregularidades, según reportó el medio.

El Senado ha convocado un pleno extraordinario, impulsado por la mayoría absoluta del Partido Popular, para analizar los indicios de corrupción y para interrogar a responsables políticos directamente vinculados a la gestión de la SEPI. Según detalló la fuente, este pleno se celebrará el jueves y contará con las comparecencias de las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen, que han sido citadas por el grupo popular debido a que sus departamentos resultan señalados dentro de una supuesta trama de hidrocarburos que, según comenta el PP, podría haber favorecido al Gobierno de Nicolás Maduro a través de contratos y rescates, entre ellos el de la aerolínea Plus Ultra. En esa misma sesión extraordinaria se prevé la creación de una comisión de investigación centrada en la actividad de la SEPI y el análisis de posibles pagos ilícitos de favores a intereses internacionales.

El Partido Popular pretende, mediante esta comisión, esclarecer si el Ejecutivo utilizó a la SEPI para beneficiar al entorno de Maduro mediante la canalización de fondos de rescate. De acuerdo con el medio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado que la SEPI “gestiona empresas de energía, telecomunicaciones, defensa, transporte y miles de millones de euros de dinero público”, y ha puesto especial énfasis en el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que distribuyó 2.681 millones de euros entre 28 empresas durante la pandemia. García indicó que casi mil millones de euros de ese fondo se encuentran bajo investigación judicial y añadió que la gravedad de la situación radica en la sospecha de que parte de esos recursos habrían servido a fines ajenos al propósito original del fondo.

Según argumentó la portavoz 'popular', la investigación de la Audiencia Nacional abarca posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de contratos presuntamente irregulares, ayudas bajo duda y mordidas que podrían haberse canalizado mediante sociedades pantalla. “La SEPI es el centro de la trama corrupta del sanchismo”, declaró la senadora citada por el medio, añadiendo que la entidad pública ha sido convertida por el Gobierno en “una caja negra al servicio de su corrupción” y en “un cajero automático para pagar favores políticos e incluso favores internacionales”.

El informe periodístico puntualiza que el Partido Popular ha solicitado la presencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la llamada comisión ‘Koldo’ para responder por su relación con el Gobierno venezolano y el rescate de Plus Ultra. Alicia García le atribuyó, según el medio, el papel de “embajador de Maduro en España” y expresó que “ha sido encubridor de la dictadura de Maduro y ha mediado en el rescate de Plus Ultra”. El grupo popular solicita que Zapatero permanezca localizable para facilitar su comparecencia, si bien fuentes del partido puntualizan que dicha citación no se prevé para el mes de enero.

La decisión de activar esta nueva comisión en el Senado recibe impulso de la mayoría absoluta del Partido Popular, lo que permite adelantar una constitución de la misma para febrero. Según confirmaron fuentes del Senado al medio de comunicación, una vez formalizada la comisión de investigación, se procederá a distribuir los puestos de presidencia y los miembros de la Mesa, así como a fijar el calendario de las primeras comparecencias, que incluirían a la vicepresidenta María Jesús Montero, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a la exmilitante socialista Leire Díez.

En relación a la gestión de empresas públicas bajo el control de la SEPI, la portavoz del PP en el Senado señaló, de acuerdo con la cobertura, que Correos ha registrado pérdidas por valor de 500 millones de euros en 2024, atribuyéndolo al deterioro en la administración de la entidad pública durante el mandato de Pedro Sánchez.

El contexto de las pesquisas judiciales aborda contratos, subvenciones y ayudas públicas gestionados por la SEPI, abarcando el periodo posterior a la creación del fondo destinado a empresas estratégicas durante la pandemia. La investigación incluye no solo la gestión interna de la entidad, sino también los supuestos beneficios que habrían derivado en favores políticos de ámbito internacional, centrando parte del debate en España sobre los vínculos entre la gestión de los fondos públicos y su posible utilización en alianzas exteriores, en particular con el Gobierno de Venezuela.

La agenda establecida en el Senado augura un amplio calendario de comparecencias y análisis documentales, en un proceso parlamentario y judicial destinado a esclarecer la gestión de ayudas públicas de gran magnitud y la posible implicación de altos cargos y dirigentes políticos en actuaciones ilegales o irregulares vinculadas al rescate de empresas y a la concesión de contratos bajo sospecha, según ha publicado el medio de comunicación.