El Gobierno amplía las ayudas para proteger a los municipios frente a futuras inundaciones tras la dana

La modificación del esquema de apoyo estatal implica que las entidades locales podrán destinar recursos no solo a la reparación, sino también a la adquisición de terrenos y viviendas en áreas de riesgo y a la financiación de asistencia técnica para la gestión y seguimiento de proyectos. El Gobierno anunció este cambio con el objetivo de reforzar la prevención frente a fenómenos meteorológicos extremos tras la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) sucedida entre octubre y noviembre de 2024.

Según informó el medio de comunicación, la Orden TMD/1586/2025, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado, sustituye y amplía la anterior normativa (Orden TMD/101/2025) adaptando el sistema de ayudas a una estrategia que prioriza infraestructuras seguras y resilientes, así como la gestión preventiva ante riesgos asociados al cambio climático. Esta modificación entra en vigor de manera inmediata, afectando a las 78 entidades locales —77 ayuntamientos y la Diputación Provincial de Valencia— previamente beneficiadas con 1.745 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras y servicios dañados por la riada, señalada por el Ejecutivo como uno de los episodios meteorológicos más significativos en la historia reciente.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática estableció a través de la nueva orden que las ayudas podrán utilizarse también para adaptar o ampliar instalaciones municipales, construir nuevas infraestructuras diseñadas para reducir el impacto de inundaciones y llevar a cabo actuaciones que mejoren la seguridad en la prestación de servicios públicos. Además, se incluyen acciones preventivas como la adquisición de suelos y viviendas ubicadas en zonas de riesgo, adelantó el Gobierno en un comunicado oficial.

Según publicó el medio, la nueva regulación refuerza la coordinación institucional, asignando al Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana las labores de gestión, seguimiento y control de las subvenciones. Hasta el momento, estas competencias correspondían a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. El Ejecutivo argumentó que esta reorganización facilitará la ejecución de proyectos, mejorará el acompañamiento técnico a los ayuntamientos afectados y optimizará el control de las inversiones públicas.

El refuerzo de la gobernanza también permitirá una mayor agilidad en la distribución de fondos y en la tramitación administrativa de los proyectos de recuperación, detalló el Gobierno de España. Con esta acción, el Ejecutivo pretende responder a la tercera fase del Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento destinado al relanzamiento socioeconómico de las zonas afectadas y a la normalización de los municipios tras la tragedia.

La modificación de la normativa, según consignó el medio, responde a la intención del Gobierno de transcender el enfoque tradicional de reconstrucción, promoviendo inversiones que preparen a las localidades ante futuros eventos ligados a la emergencia climática. De acuerdo con el comunicado oficial citado por el medio, el objetivo es “avanzar hacia un modelo de reconstrucción que proteja mejor a la ciudadanía, refuerce los servicios públicos y prepare a los municipios frente a los retos climáticos del futuro”.

El comunicado del Gobierno recogido por el medio también hace hincapié en la importancia de contar con infraestructuras municipales adaptadas que minimicen los efectos de las lluvias torrenciales y que respondan a las necesidades de prevención y asistencia en casos de emergencia. Las actuaciones previstas incluyen adaptaciones en equipamientos locales, dotaciones técnicas y mejoras en la respuesta municipal ante emergencias, además de un acompañamiento institucional más cercano por parte del Comisionado responsable.

Según detalló el medio, la cuantía inicial de la ayuda, que alcanzó los 1.745 millones de euros abonados por anticipado, se mantendrá para las nuevas ejecuciones contempladas bajo el marco ampliado y flexible de esta modificación, lo que permite una mayor adaptabilidad en la correcta justificación de los fondos y en la priorización de proyectos que contribuyan a la resiliencia local ante futuras catástrofes derivadas de alteraciones meteorológicas extremas.