La presentación del nuevo modelo de financiación autonómica por parte del Gobierno central ha generado un profundo malestar en la Generalitat Valenciana, principalmente por la forma en que se ha gestado el anuncio y por la falta de ciertas garantías consideradas clave para la región, en especial la relacionada con la compensación por dependencia y la ausencia de un fondo de nivelación urgente. Según informó Europa Press, el portavoz del ejecutivo valenciano, Miguel Barrachina, expresó que la nueva propuesta oficial de financiación no contempla aspectos fundamentales para la Comunitat Valenciana y cuestionó el pacto alcanzado entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
De acuerdo con lo comunicado por Europa Press, Barrachina trasladó estas valoraciones durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, tras conocerse públicamente el documento presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El portavoz del ejecutivo autonómico recalcó la “enorme demora” con la que el Gobierno central ha abordado la reforma de la financiación, enfatizando que el anuncio llega siete años después de lo que inicialmente se preveía. Según detalló el medio, Barrachina subrayó que hubo un compromiso anterior de abordar este asunto en 2018, cuando el entonces recién llegado presidente Pedro Sánchez anunció la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para ese verano.
En cuanto a las características del nuevo sistema, Europa Press reportó que la propuesta plantea incrementar los recursos que recibirán en 2027 Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana bajo el nuevo modelo. Aunque el Consell valenciano aseguró estar revisando en detalle el contenido del documento para poder concluir una valoración integral y fundamentada, Barrachina adelantó que existen “tres ausencias gravísimas” que considera inadmisibles en la versión presentada por el Gobierno de España.
El portavoz autonómico indicó como primera carencia la falta de una compensación clara por el pago de la dependencia, recordando que el Ejecutivo estatal debería cubrir la mitad de este coste y, según el primer examen del texto propuesto, esta obligación no se contempla de manera explícita. Un segundo déficit señalado por Barrachina radica en la financiación sanitaria asociada a los desplazamientos, un coste que para la Comunitat Valenciana se estima en 1.000 millones de euros. El Consell entiende, según matizó Europa Press, que la incidencia de estos gastos tampoco quedaría cubierta de inmediato por el nuevo sistema, lo que califica como una desventaja significativa para la región.
Adicionalmente, la Generalitat insiste en la demanda de aprobación urgente de un fondo de nivelación antes de que se implemente el nuevo modelo de financiación. Barrachina remarcó, según citó Europa Press, que esta solicitud responde a la necesidad de situar a la Comunitat Valenciana en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas durante el periodo transitorio hasta 2026, evitando desequilibrios presupuestarios que puedan afectar la prestación de servicios básicos.
El portavoz cuestionó de manera tajante las formas con las que se ha tramitado el nuevo pacto, asegurando que “no han podido ser más impresentables”. Barrachina censuró que Pedro Sánchez alcance un acuerdo “unilateral” con el líder de ERC, Oriol Junqueras, a quien mencionó como “un separatista condenado a 13 años de prisión por malversación y sedición”. Según recogió Europa Press, Barrachina manifestó la opinión de que un tema como la financiación autonómica requiere consenso plural y no puede decidirse “por aquellos que no forman parte de ningún gobierno autonómico de España”.
La reforma del sistema actual ha supuesto para el ejecutivo valenciano una larga espera. Europa Press señaló que la Generalitat recuerda que Compromís, uno de los partidos con representación en la comunidad, retiró su apoyo al Gobierno central en el pasado ante la falta de avances en este ámbito y llegó a condicionar su permanencia en el Ejecutivo a la consecución urgente de una reforma del modelo de financiación, reclamando su aprobación en el plazo máximo de ocho meses.
La preocupación del Consell se centra, según Europa Press, en que las premisas planteadas en la nueva propuesta del Ejecutivo central no resuelven las principales demandas de la administración autonómica ni garantizan soluciones inmediatas para las distintas carencias que afectan la capacidad financiera de la región. El análisis del texto continuará hasta que la Generalitat disponga de una valoración completa, pero las primeras declaraciones oficiales evidencian una marcada insatisfacción por lo que consideran insuficiencias estructurales del documento presentado.
Mientras tanto, la Administración valenciana ha reiterado la necesidad de que los recursos adicionales previstos en el nuevo sistema estén acompañados de medidas de transición y de equidad para no deteriorar la estabilidad presupuestaria. El Consell estima fundamental que las competencias en materia de financiación autonómica vayan de la mano con mecanismos compensatorios claros y aplicables desde el primer año de vigencia del modelo, una postura reiterada en distintas ocasiones ante el Ministerio de Hacienda y que, según Europa Press, permanece sin respuesta satisfactoria.
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