El Tribunal de Cuentas alerta de la "antigüedad excesiva" de vehículos, barcos o helicópteros de Policía y Guardia Civil

La gestión presupuestaria destinada a la construcción de nuevas infraestructuras en el área de seguridad enfrenta dificultades notables para cubrir iniciativas clave, como la edificación de centros penitenciarios, comisarías y cuarteles, lo que obliga a recurrir a fondos externos para financiar proyectos esenciales. Esta situación se debe a que las dotaciones ordinarias resultan insuficientes y la fragmentación en la asignación de recursos complica tanto el seguimiento financiero como la evaluación de la eficacia de las inversiones. Tras este contexto, el Tribunal de Cuentas advierte sobre deficiencias materiales graves que afectan la operatividad y eficacia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, principalmente por el uso de flotas y equipamiento con un grado avanzado de desgaste y antigüedad, así como edificios en mal estado, según publicó Europa Press.

El informe de fiscalización elaborado por el Tribunal de Cuentas aborda las inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior entre 2021 y 2023, analizando la conservación de más de 3.800 inmuebles y cerca de 30.000 elementos de transporte, incluidos vehículos terrestres, embarcaciones y aeronaves. De acuerdo con Europa Press, el órgano presidido por Enriqueta Chicano concluye que la antigüedad de los medios materiales con los que operan la Policía Nacional y, especialmente, la Guardia Civil, incrementa los costes de mantenimiento y en algunos casos limita gravemente la operatividad de los servicios. Además, recomienda al Ministerio del Interior diseñar de forma urgente un programa de renovación del parque móvil y de los equipos a medios y largo plazo, dotado de la financiación necesaria.

Uno de los elementos destacados se centra en la flota de vehículos. El Tribunal de Cuentas detalla que, aunque se produjeron compras de automóviles menos contaminantes con fondos europeos (2.668 para la Policía Nacional y 1.599 para la Guardia Civil), la antigüedad de la mayoría de las unidades sigue siendo considerable. A inicios de 2025, el 21% de los turismos y el 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil superaban los 15 años de antigüedad o acumulaban más de 300.000 kilómetros. Además, dentro de la Policía Nacional, el 35% de los automóviles había sobrepasado la barrera de los 100.000 kilómetros recorridos, el 50% llevaba más de cinco años operativo y el 25% superaba los 15 años de uso.

Esta situación ha propiciado que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil deban operar regularmente con vehículos que alcanzan o exceden el final de su vida útil, circunstancia que condiciona el día a día de los agentes y puede comprometer su función, según reportó Europa Press basándose en el documento oficial. Frente a este panorama, la recomendación del Tribunal insiste en la creación de un plan de renovación que aborde tanto necesidades inmediatas como futuras y que se financie de forma estable.

La preocupación por la antigüedad del material no se limita a terrestres: afecta a la flota aérea y marítima. Entre 2021 y 2025, el número de helicópteros bajó de 63 a 56, pese a la incorporación de 18 nuevos aparatos (modelo H-135), nueve para cada cuerpo. A pesar de estas incorporaciones, hasta 2026 se retirarán diez helicópteros fabricados antes de 1995. El Tribunal de Cuentas indica que los recursos destinados a renovación de aeronaves y embarcaciones suelen depender de fuentes extraordinarias o externas, ya que los créditos ordinarios consignados en los presupuestos de Interior no alcanzan para cubrir estas adquisiciones, las cuales figuran entre las más costosas en el área de transporte.

Según el informe recogido por Europa Press, el ente fiscalizador subraya la necesidad de que el plan de renovación de embarcaciones y aeronaves se financie prioritariamente con créditos asignados en la sección correspondiente del Ministerio del Interior dentro de los Presupuestos Generales del Estado y no de manera extraordinaria o fragmentada.

El análisis también se extiende a la situación de los inmuebles. El informe señala que el Ministerio del Interior gestiona uno de los mayores patrimonios inmobiliarios de toda la administración pública, con más de 3.800 edificios que incluye instalaciones de la Guardia Civil (2.789), la Policía Nacional (921) y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (115, de los cuales 65 son centros penitenciarios). Entre 2021 y 2024 se ha invertido en modernización y mejora de infraestructuras, sin embargo, muchos edificios presentan deficiencias estructurales. La Policía Nacional ha cerrado seis dependencias desde 2019 por estar inhabitables y otras seis continúan con patologías graves. Además, el 10% de sus edificaciones tiene más de 50 años y el 30% (313 inmuebles) se encuentran en estado regular o malo, según lo determinado por el Tribunal de Cuentas.

En la Guardia Civil, la situación es especialmente preocupante: se clausuró una treintena de dependencias por distintos motivos y 73 edificios presentan deficiencias estructurales graves. Más del 55% de las instalaciones superan los 50 años de antigüedad (1.066 inmuebles) y el 13% (253 edificios) están calificados en mal estado o con fallos graves. Además, el 14% de las viviendas operativas no reúnen condiciones mínimas de habitabilidad o se encuentran también en malas condiciones. Entre 2021 y 2023 se celebraron 67 contratos de emergencia que sumaron más de 56 millones de euros solo para atender urgencias en edificios de la Guardia Civil.

Los recursos asignados de forma fragmentada y a través de diferentes organismos han dificultado la trazabilidad y la valoración de la eficiencia de las inversiones, ya que muchos planes se canalizaban mediante la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), designada por la Dirección General de Patrimonio del Estado. Europa Press apunta que esta modalidad ha afectado la contabilidad global y la capacidad de realizar un control adecuado.

El Tribunal de Cuentas recalca la urgencia de mantener la financiación para las obras de modernización y priorizar las inversiones consideradas más apremiantes, como indica el documento. Dentro de este marco, la continuidad de los fondos para la modernización depende de la disponibilidad presupuestaria adecuada y la planificación a largo plazo.

En lo que respecta al sistema penitenciario, el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP), en vigor desde 1991, ha significado una inversión acumulada de 2.932 millones de euros, 147 millones de los cuales corresponden al periodo 2021-2024, destinados a la construcción de 37 centros penitenciarios y 30 centros de integración social. La modificación más reciente del plan, cuya vigencia se extiende hasta 2028, incluye la construcción de dos nuevos centros penitenciarios y la remodelación de otros 21 establecimientos. A pesar de lo avanzado, aún no se ha materializado la construcción de una sede central para los servicios administrativos, operación que obliga un gasto anual de más de 3,5 millones de euros en alquiler por carencia de instalaciones propias.

Subsisten también carencias en infraestructuras especializadas, como hospitales psiquiátricos penitenciarios y unidades de custodia hospitalaria. El Tribunal de Cuentas, según recogió Europa Press, concluye que la financiación insuficiente, el envejecimiento de equipamientos y la fragmentación en la gestión de recursos representan desafíos sustanciales para la seguridad ciudadana y el funcionamiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como para el sistema penitenciario nacional.