Montero siente "decepción" por lo conocido del expresidente de la SEPI: "El devenir que siguió me parece sorprendente"

El hecho de que Vicente Fernández haya solicitado compatibilidad con la empresa Servinabar y colaborado con un despacho de abogados vinculado con la acusación del Partido Popular en el caso de los ERE, después de dejar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), fue calificado por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, como un “despropósito”. Montero destacó estos elementos al referirse a la investigación que involucra al exdirigente de la SEPI por presuntas irregularidades en contratos públicos, un caso del que expresó sentirse sorprendida por el rumbo que tomó la trayectoria de Fernández tras su paso por la entidad, según recogió Europa Press a través de una entrevista emitida en la Cadena SER.

Durante la conversación, María Jesús Montero manifestó su “decepción” ante la información conocida sobre Vicente Fernández, quien permanece bajo investigación junto al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista Leire Díez, por la presunta gestión irregular de contratos públicos. Según lo detallado por Europa Press, la ministra aclaró que los hechos investigados no tuvieron lugar durante el tiempo en que Fernández presidió la SEPI, sino dos años después de su salida. Montero insistió en que, mientras desempeñó esa función, no ha trascendido ninguna acusación o indicio de delito o irregularidad vinculados a su gestión.

Según explicó Montero, Fernández contaba con un perfil profesional destacado en el ámbito público andaluz antes de asumir la dirección de la SEPI. Recordó su trayectoria como interventor general y secretario general de Industria en la Junta de Andalucía, y recalcó que en el momento de su nombramiento “todos los criterios para poder optar a esa posición” estaban plenamente justificados. En palabras de la ministra reproducidas por Europa Press, el currículum de Fernández era “inmejorable en materia profesional”.

La vicepresidenta sostuvo, además, que gran parte de los integrantes de su equipo provenían de Andalucía, región de la que, en sus propias palabras, confía totalmente en sus profesionales. Montero añadió que uno de sus objetivos era ampliar la visibilidad de los andaluces en espacios donde se toman decisiones relevantes, según transmitió Europa Press, y por ello recurrió al reclutamiento de figuras procedentes de esa comunidad autónoma.

Montero explicó que, tras abandonar la SEPI, Fernández solicitó regresar a la Junta de Andalucía y pidió compatibilidad para trabajar con Servinabar, empresa cuya vinculación con las investigaciones se conoció posteriormente, así como con un bufete de abogados sevillano. Según consignó Europa Press, ese despacho había intervenido llevando la acusación popular del Partido Popular en el proceso de los ERE, un antecedente judicial de gran repercusión en Andalucía. La ministra describió los movimientos profesionales de Fernández tras dejar la empresa pública como una serie de decisiones difíciles de entender y alejar de toda lógica.

En su intervención, Montero enfatizó que desde que Fernández abandonó la SEPI no ha vuelto a tener contacto con él. Señaló que dejaron de comunicarse hace alrededor de seis años y que desconoce cualquier actividad profesional de Fernández desde entonces. Europa Press reportó que la ministra incidió en que ninguna actuación ilegal o irregular atribuida a Fernández puede vincularse con su etapa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Finalmente, Montero reiteró su confianza en el equipo que formó para el órgano estatal cuando ocupó la responsabilidad de seleccionar a sus integrantes. Según relató para la Cadena SER y recogió Europa Press, la designación de Fernández respondió al cumplimiento estricto de los requisitos y acreditaciones profesionales exigidas para el cargo. La ministra remarcó que únicamente se investiga la actividad posterior del exdirigente y que, según su conocimiento, la gestión en la SEPI durante su mandato no ha sido motivo de sospecha legal.