Tres años y nueve meses de cárcel por transportar en una embarcación casi 1.200 kilos de cannabis

El penado figura como insolvente y se le han impuesto dos multas que superan los ocho millones de euros en conjunto, según detalló Europa Press. El fallo judicial se declaró firme el 15 de octubre de 2025 y establece una pena de tres años y nueve meses de prisión por delito contra la salud pública, después de que la Guardia Civil interceptase una embarcación con casi 1,2 toneladas de cannabis a bordo frente a la costa de Huelva.

Europa Press informó que la intervención de los agentes del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Huelva tuvo lugar la tarde del 27 de mayo de 2022, cuando la patrullera se encontraba en labores rutinarias de vigilancia y prevención en alta mar. Alrededor de las 17:00, los efectivos identificaron tres embarcaciones que navegaban a unas diez millas de la costa de Matalascañas, en el término municipal de Almonte. Según la sentencia consultada por Europa Press, dos de las embarcaciones correspondían a barcos pesqueros habituales de la zona, pero la tercera, una nave recreativa desconocida para los agentes, levantó sospechas.

El medio precisó que, tras advertir a los tripulantes por medio de señales acústicas, luminosas y mensajes a través de los altavoces, los ocupantes de la embarcación sospechosa ignoraron las instrucciones policiales y emprendieron la huida hacia la desembocadura del río Guadalquivir. Esta acción derivó en una persecución por parte de la patrullera marítima, que concluyó aproximadamente a las 18:00, a unas 3,5 millas de la playa del Inglesito. En ese punto, los agentes lograron abordar la embarcación sospechosa, asegurando en todo momento la vigilancia visual de la nave.

Una vez a bordo, los guardias civiles encontraron numerosos fardos de arpillera situados a la vista sobre la cubierta. Se procedió a la identificación y detención de los ocupantes: el principal condenado, de edad adulta y con antecedentes penales susceptibles de ser cancelados, así como otras dos personas que ya fueron juzgadas en el marco de la misma causa. Según consignó Europa Press, la embarcación fue intervenida y, tras su inspección, se localizaron un total de 60 fardos de arpillera distribuidos entre la cocina, el pasillo y el camarote.

El registro permitió la aprehensión de 1.186.650 gramos de resina de cannabis, cuyo valor en el mercado ilícito habría superado los 3,7 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el fallo judicial citado por Europa Press. La Audiencia Provincial de Huelva dictaminó que tales hechos constituyen un delito contra la salud pública, imponiendo una condena de privación de libertad y dos multas de cuatro millones de euros cada una al implicado, pese a la condición de insolvencia declarada.

El suceso se enmarca en las habituales operaciones de vigilancia costera en la provincia de Huelva, orientadas a interceptar el tráfico de estupefacientes por vía marítima. El dispositivo activado permitió frustrar la entrada de un cargamento de cannabis de gran tamaño a territorio español. Europa Press subrayó que la embarcación recreativa utilizada en el transporte también quedó bajo custodia de las autoridades como parte del proceso judicial.

El proceso judicial culminó con la emisión de una sentencia que ya no admite recurso, por lo que la responsabilidad penal y económica para el implicado se consideran firmes según el pronunciamiento judicial consultado por Europa Press. Las otras dos personas detenidas junto con el principal condenado ya han afrontado juicios relacionados con estos mismos hechos.

Europa Press indicó que la condena y las multas recogidas en el fallo buscan sancionar una conducta calificada como grave delito contra la salud pública, dada la cantidad intervenida y el potencial impacto de la entrada de tal volumen de sustancias en el mercado ilegal. El operativo policial y la acción coordinada de los agentes evitaron la distribución de una cantidad considerable de droga en la región.

El operativo tuvo lugar en un contexto de refuerzo de las medidas de control sobre las rutas marítimas empleadas por redes dedicadas al tráfico de drogas en el litoral onubense, uno de los puntos de acceso marítimo identificados por las autoridades para el desembarco de estupefacientes. El resultado del procedimiento judicial ilustra la respuesta de los tribunales frente al contrabando de resina de cannabis que afecta a la zona, según concluyó Europa Press en su análisis de la sentencia.