El Ayuntamiento de Badalona tiene la obligación de presentar un informe detallado sobre las medidas adoptadas para asistir a los habitantes en situación vulnerable desalojados del antiguo instituto B9. Esta exigencia se deriva de la resolución judicial que autorizó el desalojo, donde se especificaba que el consistorio debía garantizar soluciones habitacionales a este colectivo antes de proceder. El Ministerio Público ha estipulado que la entrega de este informe debe producirse de forma inmediata, tal como publicó 3CatInfo y confirmaron fuentes oficiales de la Fiscalía de Barcelona a Europa Press.
De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía de Barcelona ha solicitado formalmente al juzgado de Badalona que verifique si el Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Xavier García Albiol, está cumpliendo con el mandato de ofrecer alternativas de realojo para los exocupantes del edificio. El órgano judicial busca constatar si existen deficiencias en el proceso de atención, luego del desalojo ejecutado recientemente. La resolución judicial que permite el desalojo establecía, de manera previa, la obligación de adoptar medidas precisas para garantizar la cobertura social y habitacional de los ocupantes catalogados como vulnerables.
Según reportó Europa Press, la instrucción emitida por la Fiscalía pone el foco en la situación de las personas desalojadas del antiguo instituto B9, ante la inquietud por la posible ausencia de soluciones habitacionales adecuadas. El Ministerio Público resaltó que la interlocutoria judicial hacía constar explícitamente la exigencia de que el consistorio adoptara medidas efectivas antes del desalojo y elaborara un informe específico detallando las acciones implementadas. El requerimiento al Ayuntamiento tiene carácter urgente, con el fin de comprobar el cumplimiento riguroso del auto judicial y la adecuada respuesta institucional frente a la situación de los colectivos afectados.
La actuación de la Fiscalía, según el medio 3CatInfo, pretende asegurar el respeto a los derechos de los grupos vulnerables que residían en el B9 y que, tras ser desalojados, puedan acceder a alternativas de vivienda dignas conforme a la normativa vigente. El requerimiento subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración local sobre las medidas dispuestas para cubrir las necesidades básicas de alojamiento para estos antiguos ocupantes. Esta solicitud se inserta en el contexto de supervisión judicial y fiscal sobre las actuaciones de los poderes públicos en relación a la protección de colectivos en situación de riesgo o exclusión.
Fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que la resolución previa al desalojo insistía en que cualquier acción debía salvaguardar los derechos de las personas vulnerables, otorgando prioridad a la solución de su situación habitacional. El auto judicial exigía una acreditación documental de las medidas, lo cual motivó la actual petición fiscal para que se esclarezca si el Ayuntamiento ha cumplido con lo dispuesto.
La Fiscalía informó a Europa Press que el informe requerido deberá detallar de forma concreta las alternativas ofrecidas, si las hubiera, y si se ha producido un seguimiento individualizado de los casos afectados. El juzgado de Badalona, tras la petición de la Fiscalía y los antecedentes aportados, evaluará la respuesta municipal y determinará si procede algún requerimiento adicional para garantizar la cobertura de quienes estuvieron alojados en el B9.
El proceso judicial y el control fiscal buscan evitar situaciones de desprotección para los colectivos desalojados, y garantizar que toda intervención sobre vivienda social respete las garantías legales y los derechos básicos. El Ayuntamiento dispone de un plazo limitado para responder y deberá aportar la documentación y los informes solicitados para acreditar que las medidas preventivas contempladas en la resolución judicial han sido aplicadas adecuadamente.
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