Citan como testigos a dos funcionarios de Garrucha (Almería) por la presunta malversación de un exconcejal

La investigación sobre la supuesta extracción de suministros municipales para fines ajenos a la administración en Garrucha ha llevado a que, el próximo 4 de febrero, dos altos funcionarios comparezcan en calidad de testigos. Según informó el Ayuntamiento de Garrucha, las declaraciones de estos empleados municipales buscan aportar información en el proceso que indaga el presunto desvío de fondos públicos durante la gestión de José Antonio Gallardo, exconcejal de Urbanismo por el PSOE. El caso permanece en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Vera, que instruye la causa por una posible malversación de caudales mediante la supuesta autorización de adquisiciones irregulares.

De acuerdo con lo publicado por el propio consistorio, la investigación se reactivó tras una resolución de la Audiencia de Almería. Esta decisión judicial dio lugar a que la indagatoria sobre el uso de materiales de construcción con cargo a las arcas municipales prosiga, luego de que el gobierno local, actualmente dirigido por el Partido Popular en coalición con ediles de Para la Gente, presentara un recurso para continuar adelante con el procedimiento. El núcleo de la causa se sitúa en la presunta autorización por parte del exresponsable de Urbanismo para retirar productos valorados en más de 200.000 euros, que según la denuncia podrían haberse utilizado fuera del ámbito público.

Según consignó el medio en base a la denuncia municipal, la gestión centrada en el periodo de Gallardo refleja que estos materiales, lejos de haberse destinado a trabajos oficiales, habrían acabado en viviendas o propiedades particulares. Los denunciantes sostienen que las entregas se documentaron en zonas del municipio en las que no se realizaron obras registradas ni mejoras, lo que reforzaría la hipótesis de desvío patrimonial. Además, destacan que las facturas y albaranes relacionados suman 31.460,58 euros en conceptos para los que no consta expediente de contratación o expediente de subvención, conforme detalla la documentación puesta a disposición judicial.

La denuncia del equipo gobernante, tal como comunicó el Ayuntamiento de Garrucha, subraya que las autorizaciones para el retiro y pago de los materiales partieron del anterior concejal de Urbanismo. Los documentos analizados registran referencias como “obra caraco” y “obra fifi”, además de anotaciones vinculadas a elementos como zócalos, terrazos, claraboyas, porcelánicos y botellas de gas butano, cuyas descripciones, según el consistorio, no corresponden a proyectos de obra pública municipales. La administración actual sostiene que tampoco existen registros de subvenciones justificativas que respalden estas salidas de almacén.

El equipo municipal liderado por el PP y Para la Gente manifestó que la entrega de material a particulares constituye un acto contrario a la normativa y que no se adecua a los procedimientos propios de la administración local. En comunicación oficial, el Ejecutivo local indicó que toda la documentación administrativa relevante se ha puesto a disposición de la autoridad judicial “para contribuir a la transparencia y al esclarecimiento definitivo de los hechos”, según reportó el medio. La expectativa del Ayuntamiento es que la comparecencia de los testigos resulte determinante en la aclaración de las circunstancias bajo las que se realizaron las entregas y facilite la delimitación de posibles responsabilidades administrativas o penales entre quienes gestionaron o supervisaron las operaciones en cuestión.