En el escrito dirigido al Ministerio Fiscal, se mencionan reportajes de prensa y una grabación atribuida a Pablo Gallart, consejero delegado de Ribera Salud, en la que instruye revertir decisiones médicas en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz para reducir listas de espera atendiendo al interés económico de la empresa. Este material se suma a documentos internos y testimonios recabados y presentados por Más Madrid ante la Fiscalía Provincial de Madrid, donde se exponen presuntas directrices que habrían priorizado la rentabilidad empresarial sobre la calidad de la atención sanitaria prestada en la Comunidad de Madrid, según consignó Europa Press.
Según lo publicado por Europa Press, Más Madrid solicita que se investigue tanto a Ribera Salud, entidad responsable de la gestión del Hospital de Torrejón, como a la propia Comunidad de Madrid, al considerar que las pruebas aportadas podrían constituir delitos relacionados con discriminación, malversación de fondos y prevaricación administrativa. Las grabaciones y documentos entregados a la Fiscalía describen instrucciones emitidas con el objetivo de incrementar el beneficio comercial de Ribera Salud, llegando incluso a afectar procedimientos asistenciales fundamentales, lo que, de acuerdo con la denuncia, habría vulnerado la protección de derechos básicos y el acceso igualitario a la sanidad pública.
El medio Europa Press detalló que la raíz de la denuncia se encuentra en pruebas documentales y testimonios, entre los que destacan órdenes que buscan incrementar la rentabilidad a través de medidas como restringir o desalentar procedimientos costosos —por ejemplo, cirugías o diálisis peritoneal— a pacientes adscritos al centro, mientras que se favorece la atención a personas externas al “grupo cápita” porque sus tratamientos suponen mayores ingresos para el hospital. Más Madrid argumenta, según la información publicada, que este criterio de selección vulnera los principios de equidad y universalidad en la sanidad pública, obligaciones adquiridas por la concesionaria en su contrato para equiparar la calidad asistencial a la de otros centros de gestión directa.
Los hechos presentados ante la Fiscalía incluyen también el señalamiento de una presunta violación de derechos fundamentales. La negativa, desaconsejada por motivos económicos, de aplicar ciertos procedimientos médicos podría implicar, según la denuncia reproducida por Europa Press, la vulneración del derecho a la salud recogido en la Constitución. Se alega la existencia de discriminación en función del padecimiento o del grupo al que pertenezcan los pacientes, así como la posible comisión de delitos de lesiones al ocasional daños por omisión de asistencia médica adecuada.
Europa Press reportó que el escrito de Más Madrid atribuye los hechos a un patrón de actuación en el que Ribera Salud habría dado prioridad al beneficio empresarial en detrimento del correcto servicio público. La denuncia documenta la presunta administración desleal y la malversación impropia de fondos públicos, formulando la hipótesis de que se habría desviado el dinero del erario a intereses privados, contraviniendo los fines establecidos en la concesión. Adicionalmente, se plantea que la Administración autonómica podría haber incurrido en prevaricación por omisión, al no intervenir frente a situaciones que contrarían el interés general, y en un posible delito de omisión del deber de perseguir delitos, si es que la Comunidad de Madrid omitió actuar ante el conocimiento de irregularidades.
En el texto remitido a la Fiscalía, la formación política solicita que se cite a declarar judicialmente tanto a los máximos responsables de Ribera Salud y Torrejón Salud —nombrando concretamente a Pablo Gallart— como a empleados que elevaron denuncias internas y que, según la documentación, habrían sido despedidos tras presentar sus quejas. También reclama que Ribera Salud aporte información comercial relevante y que la Consejería de Sanidad entregue todos los datos referentes a inspecciones y acciones realizadas en el marco del contrato desde el año 2022.
En declaraciones recogidas por Europa Press, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, explicó que su grupo considera que la Comunidad de Madrid habría tolerado supuestos “abusos” en la gestión privada de hospitales concertados, destacando no sólo a Ribera Salud, sino también a otras empresas como Quirón. Bergerot compareció afirmando que las políticas de contratación y los recortes aplicados en Torrejón, junto a la estrategia de aumentar listas de espera y ahorrar costos desde 2022, habrían beneficiado intereses privados frente a la atención sanitaria pública. Según insiste la portavoz, el proceso de privatización impulsado por gobiernos del Partido Popular habría facilitado el lucro privado a costa de la calidad asistencial en los servicios de la red pública.
El medio Europa Press recogió además que Bergerot manifestó que recurrirán a “todas las vías legales” disponibles para frenar el proceso de privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid y asegurar el derecho universal al acceso a la salud. En su intervención, la dirigente de Más Madrid subrayó la necesidad de que intervengan los tribunales para esclarecer las responsabilidades derivadas de los hechos relatados.
La denuncia advierte sobre la existencia de estrategias deliberadas para modificar el modelo de gestión en el Hospital de Torrejón, priorizando las ganancias empresariales y estableciendo criterios de acceso y tratamiento diferenciados según el perfil del paciente y la rentabilidad del procedimiento, tal como explicó Europa Press. Los denunciantes ven en estas acciones una violación de compromisos contractuales y, según el contenido de la denuncia, estiman que conllevan un riesgo real para la seguridad y la calidad asistencial de los pacientes en la Comunidad de Madrid.
Al concluir, la documentación depositada por Más Madrid ante la Fiscalía Provincial de Madrid, recogida por Europa Press, hace énfasis en la necesidad de que los órganos judiciales examinen a fondo este cúmulo de grabaciones, documentos y testimonios. El objetivo central trasladado al Ministerio Fiscal consiste en depurar responsabilidades sobre las consecuencias que la aplicación de criterios económicos en la gestión sanitaria pudiera haber tenido sobre los derechos fundamentales, la equidad en el acceso a la sanidad y el adecuado destino de recursos públicos.
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