El Supremo prohíbe salir del país a un excargo de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha prohibido salir del país a Manuel José García Alconchel, quien fuera director de la zona sur de Acciona Construcción España, al tiempo que le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el instructor Leopoldo Puente ha adoptado esta decisión a petición del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien ha reclamado estas medidas cautelares en una vista que se ha celebrado este lunes, después de que García Alconchel compareciera como investigado en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.

Las acusaciones populares se han adherido a la petición de la Fiscalía, mientras que las defensa ha mostrado su oposición, según han apuntado las fuentes consultadas.

El magistrado, finalmente, ha accedido a la solicitud, después de que el pasado 3 de diciembre el instructor acordara aplicar las mismas medidas cautelares a otros dos exdirectivos de la constructora: Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.

Cabe recordar que el magistrado citó a comparecer a dichos excargos a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

La Guardia Civil llamó la atención en su informe sobre el acuerdo marco que firmaron Acciona y Servinabar en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, para "explorar futuras oportunidades de negocio" y por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

DESCARGA RESPONSABILIDAD EN SU JEFE

Este lunes, García Alconchel ha descargado la responsabilidad de la alianza con Servinabar, en el que fuera su jefe, Justo Vicente Pelegrini, también investigado. Además, interrogado sobre la contratación del cuñado del ex dirigente socialista como "peón", ha contado que no tenía ni medios para llegar a la oficina, por lo que tuvieron que llevarle. "Resulta casi cómico", ha reaccionado el magistrado.

En este sentido, ha asegurado que no fue él quien decidió trabajar con Servinabar, sino Pelegrini, según las fuentes consultadas. De acuerdo con la UCO, éste firmó el acuerdo marco de 2015 y los exdirectores de la zona sur y norte fueron suscribiendo los sucesivos Memorándum de Entendimiento (MoE) ante cada proyecto.

García Alconchel ha relatado que cuando empezó a trabajar en los proyectos, en 2018, Servinabar ya había pasado todos los "filtros" y tenía alianzas con la constructora. Y ha precisado que fue su superior, Pelegrini, quien le comentó la colaboración con la empresa que la UCO vincula a Cerdán.

En el contexto de las obras adjudicadas en Sevilla, también se le ha preguntado por la contratación de Antonio Muñoz Cano, cuñado de Cerdán, como peón. La UCO detalla que estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.

Según ha expuesto el propio García Alconchel, el cuñado de Cerdán fue contratado por Servinabar para la obra del Puente Centenario de Sevilla, como peón, pero en la obra del acceso al puerto de la capital andaluza hizo labores de supervisor de seguridad, para lo que ha afirmado que se le dio formación.

Al magistrado le ha extrañado que una persona contratara como peón en una obra acabara de supervisor de seguridad en otras, a lo que García Alconchel ha replicado que esas labores se suelen subcontratar y, en este caso, la constructora no tenía personal propio que lo hiciera.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.