El magistrado Enrique Arnaldo señala la "tolerancia mutua" y el "autocontrol institucional" como claves democráticas

Al instalar la mirada en la dificultad actual para lograr grandes consensos sobre reformas institucionales —en abierta comparación con los acuerdos que marcaron el año 1978— el magistrado Enrique Arnaldo manifestó su inquietud respecto a la fragmentación de la voluntad política y la merma del interés común. Según informó el medio, Arnaldo volvió sobre la idea de que los peligros para la democracia ya no corresponden solo a acciones puntuales o violentas, sino a procesos graduales que cuestionan la integridad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en los sistemas electorales incluso en contextos considerados estables. Durante su intervención ante la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, Arnaldo advirtió sobre el deterioro pausado del sistema democrático, subrayando la necesidad de mantener vigilancia sobre su salud y funcionamiento.

El magistrado del Tribunal Constitucional, de acuerdo con lo reportado por el medio, focalizó su exposición en cómo la “tolerancia mutua” y el “autocontrol institucional” se convierten en elementos esenciales para la supervivencia democrática. Estos principios, aunque no figuran de manera explícita en las constituciones, resultan determinantes para fortalecer las estructuras democráticas, insistió Arnaldo. Detalló que tanto gobernantes como ciudadanos deben asumir colectivamente la responsabilidad de proteger la integridad del régimen democrático. En este sentido, incluyó en su discurso una cita del expresidente estadounidense Barack Obama: “la democracia corre peligro cuando se da por segura”.

Arnaldo analizó el valor representativo de las elecciones y lo situó como un punto de partida y no como el fin último del sistema democrático. A su juicio —según consignó el medio—, la verdadera gobernanza requiere el desarrollo de instituciones inclusivas, respeto a la separación de poderes, independencia judicial, vigencia de la ley, transparencia en la gestión y una deliberación pública robusta. El magistrado también remarcó la importancia de garantizar la alternancia política, el respeto a los derechos de las minorías y la aplicación de reglas éticas estrictas, que asoció tanto al ámbito político como jurídico. Subrayó que la diferenciación entre intereses públicos y desviaciones de poder debe quedar siempre clara y vigilada.

El tema de la legitimidad de los procesos electorales ocupó un lugar central en la exposición. Según detalló el medio, Arnaldo expuso sus preocupaciones respecto a factores capaces de minar la confianza, como dudas sobre la actualización del censo, la integridad del voto anticipado, la imparcialidad de las mesas electorales o la gestión y resguardo de las actas. Según explicó, la normativa debe salvaguardar que la voluntad de los electores se conforme de manera libre, y que cualquier tipo de manipulación o condicionamiento quede excluido. “Debe evitarse la manipulación y el condicionamiento”, afirmó el magistrado en el marco de su exposición recogida por la prensa.

Analizando el impacto de las reformas electorales en los últimos años, el magistrado aludió al caso particular de la reforma de 2011, la cual introdujo el voto rogado para españoles en el extranjero. Según describió el medio, esta medida, implantada apenas dos meses antes de unas elecciones de relevancia, tuvo consecuencias directas en la percepción de justicia y eficiencia del proceso electoral. Para Arnaldo, la oportunidad elegida para introducir cambios en la legislación electoral y las motivaciones asociadas a estos procesos han cobrado relevancia en la legitimidad y confianza ciudadanas. Advirtió sobre la importancia de actuar con cautela al modificar la ley electoral, aunque matizó que no toda reforma legislativa implica inestabilidad.

A juicio del magistrado, el foco de preocupación ya no se orienta solo a la identificación de quiénes pueden votar, sino al propio desarrollo del proceso electoral. De acuerdo con lo reportado por el medio, señaló que la transparencia y la independencia deben primar en todas las etapas del procedimiento, al tiempo que el derecho al sufragio debe mantenerse a salvo de influencias indebidas. Arnaldo llamó la atención sobre la necesidad de proteger tanto las reglas escritas como las no escritas, destacando que prácticas como la tolerancia política y la contención institucional operan como garantes fundamentales del sistema democrático.

Durante su intervención, Arnaldo incluyó referencias a las investigaciones de los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de Harvard, quienes han argumentado que las democracias actuales tienden a desvanecerse mediante un desgaste gradual de sus fundamentos legales y estructurales, en contraste con las rupturas abruptas tradicionales. Según publicó el medio, Arnaldo insistió en que la confianza ciudadana en las instituciones políticas hay que resguardarla respecto a actitudes de quietismo o de mero conformismo. Añadió que la defensa de los valores democráticos no admite posiciones neutrales.

La exposición de Arnaldo también abordó la creciente dificultad para alcanzar consensos amplios sobre reformas institucionales, lo cual contrasta con los acuerdos logrados durante la transición democrática. El medio citó al magistrado al afirmar que la fragmentación política y la dispersión del interés general complican la elaboración de reformas con respaldo mayoritario orientado a la justicia y a la mejora del proceso electoral.

Para finalizar su intervención, según recogió la prensa, Arnaldo recomendó ejercer supervisión constante, tanto sobre las leyes formales como sobre las normas prácticas y acuerdos informales que ayudan a sostener el funcionamiento democrático. Consideró que estos componentes representan una barrera esencial ante los nuevos riesgos que amenazan la estabilidad, el funcionamiento y la legitimidad de los sistemas democráticos en el presente.