El PP reta al PSOE y sus socios a arreglar las carencias de la ley de Transparencia que denunciaban en 2013

Una evaluación realizada en 2024 por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó que el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa en las entidades del sector público estatal ronda el 45%. De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular (PP) ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados destinada a exigir al Ejecutivo la mejora de los mecanismos de acceso a la información pública y el fortalecimiento de la participación ciudadana en el proceso legislativo. La iniciativa busca que el Gobierno garantice el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia, tanto en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado como en los portales de organismos del sector público estatal.

La proposición del PP, que se debatirá en la Comisión de Hacienda y Función Pública, incorpora un llamado al Ejecutivo para aprovechar la próxima puesta en marcha del nuevo Portal de Transparencia, iniciativa anunciada por el presidente del Gobierno. El objetivo consiste en recuperar y mantener un apartado actualizado en dicho portal que permita a la ciudadanía consultar de manera agregada todas las iniciativas normativas tramitadas por los distintos ministerios. Además, la propuesta reclama que ese apartado facilite activamente la participación ciudadana en las fases del trámite legislativo en las que la ley permite recibir opiniones y aportaciones.

Según detalló Europa Press, la exposición de motivos del Grupo Popular recuerda que la Ley de Transparencia fue aprobada en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, contando por entonces con el voto en contra del PSOE, Izquierda Plural, Compromís, Amaiur o BNG. Estas formaciones calificaron la norma en su momento como "acto fallido político", "oportunidad perdida", "insuficiente", "muerta" o "corta". Ahora, tras más de una década desde la aprobación, el PP sostiene que quienes criticaron la ley han formado parte del Gobierno durante más de seis años sin haber impulsado reformas para reforzar la transparencia, a pesar de contar con mayoría parlamentaria. El Grupo Popular afirma que los actuales responsables gubernamentales están llevando a cabo un cumplimiento “deficiente” de la ley.

El informe citado por la iniciativa del PP, al que hizo referencia Europa Press, entrega detalles sobre el bajo nivel de cumplimiento en organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Cervantes, Red.es, Puertos del Estado, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Turespaña, Ingesa y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), todos ellos posicionados por debajo de la media estipulada en la evaluación. Además, un análisis sobre la Administración General del Estado realizado en 2023 situó el nivel de cumplimiento en torno al 50% para la información de relevancia jurídica difundida a través del Portal de Transparencia.

Según la información recabada por Europa Press, el informe del Consejo de Transparencia indica que la estructura actual del portal dirige toda la información hacia búsquedas ministeriales, lo cual dificulta el acceso a información agregada. El documento sugiere, además, que resulta necesario depurar la información publicada para eliminar registros sin vigencia, que obstaculizan la consulta ciudadana. En particular, el informe señala que estas deficiencias se agravan respecto a la transparencia sobre las normas en tramitación.

La proposición no de ley del PP sostiene que, en su estado actual, el Portal de Transparencia resulta “absolutamente inútil” para informar de manera efectiva sobre la actividad normativa en curso por parte del Gobierno de España. Para ilustrar posibles mejoras, el texto compara la situación nacional con la de ciertas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Galicia, Andalucía, Castilla y León y la Región de Murcia. Según el partido, estos gobiernos regionales cuentan con espacios actualizados que ofrecen información global sobre las iniciativas normativas y posibilitan la participación de la ciudadanía a lo largo de las distintas etapas del proceso legislativo.

El Grupo Popular, de acuerdo con Europa Press, intenta con esta iniciativa confrontar al PSOE y a sus actuales socios parlamentarios, recordando que las críticas originales contra la ley de 2013 provienen de partidos que hoy forman parte del arco gubernamental. Para el PP, el mantenimiento de deficiencias en los mecanismos de transparencia y participación ciudadana responde tanto a inacción legislativa como a una gestión incompleta de las obligaciones legales, lo que la proposición presentada busca rectificar con una serie de propuestas concretas, centradas principalmente en la reforma y adecuación de los portales oficiales de información y la promoción de una mayor apertura y control público sobre la actividad legislativa.