Anticorrupción pide dejar en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

Las investigaciones en torno a presuntas irregularidades en contratos públicos y vínculos con la sociedad Servinabar han puesto bajo el foco a más de una docena de personas, luego de que en los últimos días se llevaran a cabo registros y detenciones en distintas ciudades. Según informó Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, que la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, queden en libertad a la espera de juicio, pero bajo control judicial: comparecencias periódicas ante los juzgados y retirada del pasaporte.

Esta solicitud se produce en el marco de una causa impulsada por la propia Fiscalía Anticorrupción donde se indagan posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los arrestos se dieron el pasado miércoles, a raíz de órdenes emitidas por el juez instructor y ejecutadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El sábado por la mañana, Díez, Fernández y Alonso fueron trasladados en un furgón policial a la sede de la Audiencia Nacional y el magistrado Piña comenzó a tomarles declaración a partir de las 10:00 horas, detalló Europa Press.

En la causa, que permanece bajo secreto de sumario, la UCO llevó a cabo registros y diligencias en diversas localizaciones: empresas relacionadas con Servinabar en Madrid, Sevilla y Zaragoza, incluidas las sedes de Forestalia en ambas primeras ciudades. Según publicó Europa Press, agentes también se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa con el objetivo de recabar información relevante para la investigación. Además, el operativo incluyó la solicitud de documentación en Correos y en los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica. Este último precisó que la Guardia Civil reclamó dos expedientes administrativos, los cuales fueron entregados a los agentes, y aclaró que tales documentos fueron tramitados conforme a los procedimientos y garantías habituales.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirmaron que la fiscal del caso, Elisa Lamelas, solicitó la adopción de medidas cautelares para los tres investigados. Al no existir acusación particular ni otra parte, el juez no puede decretar prisión provisional para ninguno de ellos. El número de investigados en la causa supera la docena e incluye, según el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), al expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga.

Sobre Leire Díez, exmilitante socialista, pesan también otras diligencias en un procedimiento que tramita el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Las pesquisas en este caso se dirigen a esclarecer si habría ofrecido favores a cambio de obtener información sobre agentes de la Guardia Civil y sobre la Fiscalía Anticorrupción. Según consignó Europa Press, el juez Artuzo Zamarriego considera que Díez está al frente de una “actuación delictiva, continuada y coordinada” para recabar datos comprometidos o irregulares con el propósito de entorpecer o desvirtuar investigaciones en asuntos que involucran a figuras políticas y empresariales.

Díez compareció ante ese juzgado en noviembre del año pasado, donde expuso que sus encuentros con Cerdán se produjeron en calidad de periodista y no como parte de la estructura del partido, negando haber ofrecido favores a cambio de información. Durante su testimonio, también repasó su trayectoria laboral, señalando que en 2018 ingresó en Enusa, empresa dependiente de la SEPI, y que en 2021 obtuvo una excedencia voluntaria para asumir el cargo de jefa de Relaciones Institucionales de Correos, también vinculada a la SEPI.

Vicente Fernández, quien ostentó la presidencia de la SEPI desde junio de 2018 hasta octubre de 2019, aparece en documentación remitida al Tribunal Supremo por la Hacienda Foral de Navarra, en el marco del denominado “caso Koldo”, sobre la información tributaria de Servinabar. Europa Press reportó que, según esos papeles, Fernández recibió de Servinabar €68.632,48 en 2021 y €33.251 en 2023, además de que en 2022 le fueron retenidos €40.800. El exdirectivo se vio forzado a dimitir de su cargo tras ser imputado en el marco del procedimiento judicial sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, causa de la que posteriormente resultó absuelto.

En el caso de Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, las actuaciones judiciales también se extienden al Tribunal Supremo, donde hay una pieza separada del “caso Koldo” acerca de supuestas adjudicaciones irregulares en obra pública. Alonso declaró ante el juez Leopoldo Puente el pasado 8 de julio, rechazando el pago de comisiones ilícitas a cambio de concesiones públicas y asegurando que Cerdán no tenía relación societaria con Servinabar. Alonso sí reconoció transferencias económicas al exasesor ministerial Koldo García, pero solo en calidad de comisionista de operaciones privadas efectuadas antes de 2017.

La documentación intervenida por la Guardia Civil incluye un contrato privado de compraventa que atribuye a Cerdán la adquisición de 1.350 participaciones —el 45% del capital— de Servinabar por €6.000, aunque Alonso defendió que siempre ha sido el único socio legal y que ese documento carece de validez. Servinabar se adjudicó proyectos del Gobierno navarro por un monto superior a los €75 millones, según consignó Europa Press.

Las diligencias y registros efectuados hasta la fecha han implicado la colaboración de varias dependencias oficiales y empresariales. El Ministerio de Transición Ecológica subrayó que los expedientes requeridos se entregaron a la Guardia Civil sin oposición y según los procedimientos internos vigentes. Las órdenes de registro emitidas por el juez incluyeron distintas sociedades y empresas vinculadas directa o indirectamente al caso, así como organismos públicos de alcance nacional.

Los procesos judiciales y policiales abiertos aún permanecen bajo secreto, lo que limita la información disponible sobre los detalles de las operaciones financieras y societarias investigadas, pero la causa sigue sumando nombres a la lista de investigados dentro de la trama que involucra adjudicaciones, actuaciones administrativas presumiblemente irregulares y conexiones entre agentes públicos y privados. Según detalló Europa Press, la causa ha tenido repercusiones particulares en distintas sedes empresariales y organismos de la administración pública, con la revisión de numerosos contratos y expedientes relacionados con Servinabar y empresas de su entorno.