La UCO registra la sede de Forestalia en Zaragoza por la 'trama Leire' durante seis horas

El operativo desarrollado este jueves se caracterizó por la revisión detallada de documentación requisada y el análisis de posibles nexos entre compañías privadas y antiguos altos cargos institucionales, actividades que concentraron la labor de los agentes en la sede de Forestalia en Zaragoza durante cerca de seis horas. La intervención, realizada como parte de la denominada ‘trama Leire’, se enmarca en una investigación más amplia que examina eventuales irregularidades en contrataciones públicas y en la que están implicadas tanto figuras vinculadas a la gestión pública como empresas del sector privado. Según informó Europa Press, esta investigación permanece bajo secreto sumarial, constituyendo la fase más reciente de un procedimiento judicial encabezado por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

Tal como publicó Europa Press, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciaron la inspección poco después de las 9 de la mañana en el número 33 del Coso, dirección de la sede de Forestalia en Zaragoza. El registro, que se extendió hasta pasadas las 15 horas, abarcó tres plantas del edificio y fue dirigido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción. El acceso al inmueble permaneció restringido durante el desarrollo de las diligencias judiciales, permitiendo la entrada únicamente del personal de otras empresas ubicadas en el mismo edificio. No se registraron alteraciones significativas en la actividad comercial del resto de los negocios que operan en el lugar, señaló el medio.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, la intervención policial en Zaragoza se inscribe dentro de una serie de registros similares efectuados en Madrid y Sevilla. Estas actuaciones tienen por objetivo acotar el alcance de las operaciones desarrolladas por una presunta red empresarial y de responsables públicos relacionada con la adjudicación de contratos de carácter irregular. El foco de la investigación sigue sobre las sociedades vinculadas con Servinabar, empresa gestionada por Santos Cerdán, quien anteriormente ocupó la Secretaría de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), detalló Europa Press.

En etapas previas del procedimiento, la UCO efectuó detenciones como la de Leire Díez, exmiembro del PSOE, y Vicente Fernández, quien presidió la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Estas actuaciones buscaban esclarecer la implicación de dichos individuos en los expedientes y adjudicaciones sujetas a examen y su conexión en la gestión de entidades estatales o empresas públicas. Durante la actual fase, y según consignó Europa Press, no se previeron nuevas detenciones ni se dictaron otras medidas cautelares. Las actuaciones estuvieron orientadas principalmente a la valoración probatoria de los documentos retirados de la sede de Forestalia para su posterior análisis procesal.

En palabras de las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, la investigación gira en torno a la existencia de posibles acuerdos ilícitos o pactos irregulares para la adjudicación de servicios y obras públicas. El objetivo principal reside en delimitar la dimensión de esos acuerdos, determinar los responsables directos y confirmar la colaboración entre cargos públicos y directivos empresariales presuntamente involucrados. El operativo judicial sigue bajo la tutela de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, quienes mantienen en reserva tanto la información contenida en los expedientes intervenidos como los próximos pasos en las diligencias.

Durante el tiempo que duró el registro, la presencia de los agentes de la UCO suscitó atención entre transeúntes y ocupantes del edificio, aunque las operaciones transcurrieron sin incidentes ni alteraciones notables de las rutinas diarias en el entorno. Europa Press destacó que esta actuación forma parte de un dispositivo coordinado entre cuerpos policiales y organismos judiciales, diseñado para circunscribir la investigación a las personas y compañías del entorno bajo sospecha y establecer, a partir de la información confiscada, el grado de implicación y posible repercusión en entidades estatales y empresas privadas.

La operación no solo restringió el acceso a la sede de Forestalia durante su desarrollo, sino que constituyó parte de una estrategia más amplia; registros similares se estaban efectuando simultáneamente en otras ciudades bajo la supervisión de la Audiencia Nacional. A pesar del despliegue en distintos puntos del país, el desarrollo de nuevas actuaciones quedará determinado por el análisis del material confiscado, que deberá esclarecer tanto la naturaleza y dimensión de las adjudicaciones investigadas como la implicación concreta de los sujetos puestos bajo vigilancia, según explicaron fuentes a Europa Press.

De momento, las autoridades implicadas optaron por no divulgar públicamente el contenido específico de los expedientes ni la identidad completa de las entidades investigadas, a la espera de avanzar en el análisis y cruce de la información obtenida. El procedimiento, detalló Europa Press, se mantendrá bajo carácter reservado hasta que puedan delimitarse con precisión las eventuales responsabilidades penales o administrativas derivadas de los hallazgos. Las próximas decisiones judiciales dependerán del resultado del estudio pormenorizado de la documentación intervenida, proceso que sigue bajo supervisión directa de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

La magnitud de este operativo, junto con la coordinación entre las fuerzas policiales y los órganos judiciales, marcan el ritmo de una investigación que se desarrolla a nivel nacional y cuyo desenlace dependerá de la información aportada por los registros y de la evolución de las diligencias actualmente en curso, según puntualizó Europa Press.