Las Cortes encargan al Tribunal de Cuentas una fiscalización especial de la fundación de Vox, con apoyo del PP y PSOE

Las acusaciones sobre un presunto desvío de recursos desde los grupos parlamentarios de Vox a la Fundación Disenso, la organización vinculada al líder del partido, Santiago Abascal, impulsaron una decisión del Congreso y el Senado para solicitar al Tribunal de Cuentas una revisión profunda de las cuentas de la entidad entre los años 2020 y 2025. Según consignó Europa Press, esta fiscalización especial fue aprobada en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas con los votos favorables del PSOE, PP, Sumar y el PNV, mientras la bancada de Vox se manifestó en contra.

El mandato para el Tribunal de Cuentas señala que la auditoría deberá inspeccionar tanto los ingresos como los gastos de la fundación en el período acordado, abarcando el análisis del origen de los fondos, su destino, el correcto registro contable y la justificación documental de cada operación. Europa Press detalló que esta medida responde en parte a denuncias presentadas por antiguos miembros de Vox en Baleares, quienes indicaron la posibilidad de movimientos irregulares de dinero en favor de la fundación. Los denunciantes acusan a Abascal de aprovechar la estructura de la fundación para obtener beneficios económicos personales.

Durante la sesión, algunos diputados dirigieron comentarios directos sobre la finalidad de la Fundación Disenso y el uso de sus fondos. Ferran Verdejo, representante socialista, manifestó que existe un “historial de sospechas sólidas” en torno a la contabilidad de la entidad y llegó a afirmar ante la comisión que "el verdadero interés de Abascal es el dinero" y que la fundación nace para garantizarle una "paguita vitalicia". Por su parte, la diputada Engracia Rivera, de Sumar, describió la fundación como un mecanismo para desviar recursos públicos y realizar contrataciones sin transparencia, produciendo, dijo, “bulos y propaganda xenófoba”.

El respaldo a la revisión incluía también al PNV, cuyo argumento consistió en la necesidad de clarificar si Vox utilizó la Fundación Disenso para actividades propias de un partido pero fuera de los controles reglamentarios. María Dolores Etxano, senadora del grupo, sostuvo que debe evaluarse si se han empleado “ingentes cantidades de dinero” transferidas desde grupos autonómicos hacia la fundación.

La posición de Vox, según reportó Europa Press, apuntó a desacreditar la iniciativa parlamentaria, interpretando la fiscalización como un episodio más en lo que describen como una “obsesión” de los partidos rivales por controlar su actividad. El diputado Juanjo Aizcorbe denunció que las acusaciones de socialistas, Sumar y el PNV son “barbaridades” y recordó un antecedente favorable para el partido en el Tribunal Supremo, que anuló una de las tres sanciones impuestas previamente por el Tribunal de Cuentas, una multa de 238.000 euros relacionada con la recaudación de fondos para una querella contra el expresidente catalán Quim Torra. Aizcorbe agregó que la Fundación Disenso ya se ha sometido a controles sin que se detectaran irregularidades y planteó que su grupo respaldaría auditorías semejantes si incluyesen a todas las fundaciones partidarias desde su creación.

El Partido Popular, representado en la comisión por Luis María Beamonte, valoró que la contabilidad de la Fundación Disenso ya se encuentra bajo escrutinio del Tribunal de Cuentas, cuestionando si una fiscalización especial es necesaria. Sin embargo, el PP dio su aval a la auditoría propuesta por el PSOE, fundamentando su voto en criterios de transparencia. Beamonte advirtió que este seguimiento no puede abarcar la orientación ideológica de los gastos, aunque criticó también al partido socialista por apoyar el control sobre fundaciones mientras, según el diputado, la Audiencia Nacional mantiene una investigación sobre pagos irregulares vinculados al PSOE y existen fundaciones asociadas al mismo partido, como la Pablo Iglesias, “en crisis”.

De acuerdo con Europa Press, desde Vox se insiste en que las aportaciones provenientes de sus grupos institucionales y transferidas a la Fundación Disenso se ajustan a la práctica habitual de otras formaciones políticas y se niega haber incurrido en cualquier irregularidad de gestión.

La resolución de la Comisión Mixta pone en manos del Tribunal de Cuentas la tarea de generar un informe exhaustivo en el que, conforme solicita el Congreso y el Senado, se aborden todos los aspectos contables y de procedencia de los fondos manejados por la fundación durante el lapso 2020-2025. El objetivo, recogido en el texto de la iniciativa, es determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos transferidos por Vox a Disenso, así como asegurar que cada transacción esté debidamente justificada y contabilizada según la normativa vigente.

Esta auditoría especial surge en un contexto donde el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en entidades vinculadas a partidos políticos mantiene gran relevancia en las discusiones del Legislativo. La gestión de las fundaciones partidarias y el uso de recursos provenientes de grupos parlamentarios están bajo el escrutinio de la opinión pública y ahora serán objeto de investigación específica a raíz de la propuesta acordada por la Comisión Mixta.