Villafuel, la principal empresa investigada en el conocido como 'caso hidrocarburos', ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cite como testigos a los que fueran jefes de gabinete de las exministras Teresa Ribera y Reyes Maroto a fin de que den detalle sobre la concesión de licencia de operador de carburantes.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la compañía solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que llame a declarar como testigos a Marc Isaac Pons, director de gabinete de la que fuera vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; y a Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete del Ministerio de Industria.
En cuanto al primero, Villafuel sostiene que "formaba parte del equipo de la ministra Teresa Ribera" y que habría intervenido "en el proceso de obtención por parte" de la empresa "de la licencia de operador al por mayor de carburantes y combustibles petrolíferos y demás trámites correspondientes".
La petición de la testifical de Bidart sería, explica la compañía, a fin de "aclarar si existió una mediación institucional o un simple trámite administrativo, es decir, si la intervención obedeció a una mera gestión formal del gabinete".
Por otro lado, Villafuel también insta al instructor a citar como testigo a María del Mar Delgado, técnico contratada por la compañía para la redacción, supervisión y presentación del proyecto de obtención de la licencia de operadora. En la misma línea, solicita igualmente la testifical de un técnico.
Esta petición llega unos días después de que el juez que instruye la causa por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en la que está imputado el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', acordase extender el plazo de la investigación judicial hasta junio de 2026.
EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS
En uno de los atestados de la causa, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil explica el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.
Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.
Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.
Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.
El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones", dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.
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