El PSOE subraya que la sentencia contra García Ortiz cuenta con un voto particular que no ve probada su culpabilidad

Las magistradas del Tribunal Supremo que manifestaron un voto discrepante en la sentencia contra Álvaro García Ortiz pusieron de manifiesto que no existen pruebas directas sobre la participación específica del exfiscal general en la divulgación de información reservada vinculada al caso de supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. A raíz de este matiz, el PSOE utilizó el voto particular para cuestionar tanto la solidez del fallo como la transparencia y motivación del proceso, centrándose en posibles debilidades dentro de la argumentación judicial principal, según informó el medio.

El pronunciamiento públicamente difundido tras la sentencia, según publicó el medio, resalta que el desacuerdo partió de dos magistradas que alegaron que el texto de la resolución no detalla cómo García Ortiz habría intervenido en la entrega de los correos electrónicos bajo investigación ni describe el sistema o los responsables de su transmisión a medios de comunicación. De acuerdo con el PSOE, esta postura disidente se fundamenta en la ausencia de explicaciones sobre el procedimiento, la coordinación o la participación directa del exfiscal en la propagación de datos protegidos.

El medio detalló que el fallo, que se hizo público oficialmente cerca de tres semanas después de dictada la decisión, sancionó al exfiscal general tras una filtración ocurrida el 13 de febrero, cuando la Cadena SER recibió un correo electrónico basado en la correspondencia entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. El día siguiente, la Fiscalía General del Estado amplió esta información a través de una nota de prensa oficial. El Tribunal Supremo encuadró ambos acontecimientos dentro de un solo acto ilícito, destacando que la nota de prensa refuerza ante la sociedad los datos inicialmente filtrados a los medios.

La sentencia contó con siete magistrados en la sala, de los cuales cinco votaron a favor de considerar probado, según la interpretación referida por el PSOE, que existía un conjunto de pruebas sólido, coherente y concluyente respecto de la responsabilidad de García Ortiz y, al menos, de miembros de su círculo de confianza. El medio consignó que la resolución remarcó la pérdida de legitimidad por parte de la Fiscalía General del Estado para facilitar el envío del correo a un medio de comunicación, circunstancia justificada formalmente como una respuesta a la necesidad de desmentir información considerada falsa.

Este razonamiento no fue compartido por las dos magistradas firmantes del voto particular, que dirigieron sus objeciones a la indefinición sobre la autoría individual, las formas y los mecanismos concretos utilizados para que el contenido protegido llegara hasta personas sin relación con la causa penal. En el análisis recogido por el PSOE, este elemento plantea dudas no resueltas sobre la atribución personalizada de la conducta.

Así, el partido remarcó que el comunicado sobre la sentencia destacó el reconocimiento a la labor de García Ortiz y reiteró su alineación con los principios del Estado de Derecho. Además, el PSOE puso especial énfasis en que la demora en la publicación integra del fallo había incrementado la preocupación institucional y sumado incertidumbre acerca del modo en que estos procesos judiciales abordan la gestión y la protección de los datos que circulan a través de los canales oficiales de comunicación.

El medio relató que este desenlace judicial deriva del procedimiento abierto por fraude fiscal contra Alberto González Amador y ha motivado una revisión más amplia del modo en que las instituciones públicas resguardan y transmiten información sensible relacionada con casos penales. El PSOE insistió en la importancia actual de analizar si la transmisión de datos personales y procesales contó con las garantías necesarias y cuestionó si las autoridades protegieron debidamente la confidencialidad, especialmente en el desarrollo de estas actuaciones.

En las conclusiones del voto particular, recogidas por el PSOE y reportadas por el medio, las magistradas subrayaron que el contenido de la sentencia no aclara en qué medida García Ortiz o eventuales intermediarios participaron efectivamente en el manejo y difusión del correo. Para estas juezas, la falta de especificidad sobre los papeles individuales implicados dificulta la fundamentación de la responsabilidad penal, lo que convierte en necesario un análisis más preciso de la cadena de custodia y de las competencias internas para el manejo de documentos reservados.

Tras la publicación de la sentencia, el medio informó que continuaron las discusiones sobre la delimitación entre competencias personales e institucionales en la protección de información reservada. El PSOE, en reiteradas ocasiones a lo largo de sus comunicaciones públicas, ha manifestado la necesidad de una definición clara, tanto en términos de responsabilidad personal como institucional, en la gestión de comunicaciones procesales, dada la persistencia de dudas en este terreno.

El trasfondo de este proceso, según recogió el medio, actualiza la discusión sobre el equilibro entre el derecho a la información y el cumplimiento del secreto sumarial, así como las garantías debidas a las partes involucradas. El debate remite también a la función de la Fiscalía General del Estado en la custodia de documentos protegidos y la difusión de información relevante a la ciudadanía.

Por último, de acuerdo con los comunicados del PSOE referidos por el medio, el partido reafirmó la necesidad de definir criterios más nítidos sobre la frontera entre la transparencia exigible a la gestión pública y la obligación de preservar el secreto y los derechos fundamentales de los investigados. La disidencia parcial dentro de la sala del Supremo ha contribuido con nuevos argumentos a la controversia en torno a este caso, aportando elementos que continúan alimentando la discusión pública y política sobre la administración de justicia y la transparencia institucional.