El PP denuncia la "espantada" de siete ministros en la última sesión de control del año en pleno escándalo Salazar

Las críticas sobre la gestión institucional en torno al caso de acoso atribuido a Francisco Salazar, exasesor gubernamental, han generado cuestionamientos acerca del papel de responsables del Ejecutivo en la protección y atención de denuncias internas, según publicó el medio. En este contexto, la oposición ha intensificado sus demandas de explicaciones públicas, señalando como principal motivo la ausencia de siete ministros en la última sesión de control del año en el Congreso de los Diputados, convocada para el miércoles 10 de diciembre de 2025.

De acuerdo con lo informado por el medio, la salida de escena de estos altos cargos se vincula directamente al malestar y al debate surgido por las denuncias contra Salazar. La noticia de que el Partido Socialista, histórico referente del Gobierno actual y partido al que estuvo vinculado Salazar, demoró unos cuatro meses en dar una respuesta a las denunciantes ha elevado la presión sobre el Ejecutivo, detalló la fuente. Esta dilación ha sido utilizada por el Partido Popular (PP) para poner en duda el compromiso y la transparencia de los responsables gubernamentales en contextos de crisis institucional.

Según consignó el medio, el PP considera que la ausencia de los siete ministros en una sesión especialmente significativa supone una estrategia deliberada del Gobierno para evitar someterse al escrutinio parlamentario. Entre los altos cargos señalados figuran la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. El PP les atribuye un papel relevante en la gestión interna de las denuncias y en la supuesta protección del exasesor Salazar, invocando antecedentes de relación cercana entre ambas y el propio implicado.

El medio detalló que, para el PP, la actitud de Montero y Alegría encarna la voluntad de no responder en la Cámara Baja a los interrogantes derivados del caso. Los conservadores indicaron que Alegría había mantenido una relación profesional frecuente con Salazar y que, pese a conocer las denuncias, habría optado por no comparecer ante el Congreso. En palabras recogidas por el medio, los portavoces partidarios afirmaron: "Ha pasado de compartir mesa, mantel y confidencias con el acosador Salazar, conociendo las denuncias interpuestas contra él, a escapar del Congreso".

Junto a las ministras mencionadas, tampoco asistirán la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la responsable de Defensa, Margarita Robles, y el ministro de Transportes, Óscar Puente. Según informa el medio, el PP interpreta la incomparecencia de este grupo de ministros y ministras como una retirada deliberada frente a las responsabilidades parlamentarias, con el objetivo de eludir las explicaciones sobre los casos que afectan a sus departamentos.

El caso Salazar ha cobrado notoriedad luego de la difusión de denuncias anónimas provenientes de trabajadoras en el entorno institucional. Las quejas describen comportamientos considerados inadecuados, como situaciones de exposición ante colegas en oficinas, acciones catalogadas por el personal afectado como groseras y humillantes, según relató el medio. El manejo de estas denuncias por parte del PSOE y del Gobierno central ha sido objeto de una investigación interna y de un extenso debate político, tanto por la naturaleza de los hechos como por el tiempo transcurrido antes de que fueran reconocidos y gestionados oficialmente.

Tal como reportó el medio, dentro del PP se argumenta que el Ejecutivo mantiene un doble discurso: mientras enarbola la defensa de la igualdad y la protección de las mujeres, al mismo tiempo se acusa al Gobierno de "levantar la bandera feminista con una mano y hacer desaparecer denuncias de acoso con la otra", en declaraciones recogidas por el medio. Esta estrategia discursiva ha intensificado el enfrentamiento político en un contexto ya caracterizado por elevada tensión institucional.

La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados representa uno de los principales mecanismos de fiscalización y diálogo entre el Ejecutivo y la oposición. La ausencia de más de un tercio del gabinete ha adquirido, para la oposición, el significado de una retirada ante el debate parlamentario y las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de denuncias internas. Según informó el medio, el Partido Popular ha insistido en que esta actitud agrava la percepción pública sobre la falta de rendición de cuentas y la transparencia gubernamental.

Además del cuestionamiento sobre la coherencia del PSOE en políticas de igualdad y protección de víctimas, la oposición ha aprovechado la demora en la atención de las denuncias para señalar deficiencias en los procedimientos internos y la gestión de recursos institucionales ante casos sensibles. Según consignó el medio, la repercusión mediática y política del caso pone de manifiesto la necesidad de examinar tanto la responsabilidad individual como colectiva de los altos cargos en el manejo de situaciones de acoso y demandas de transparencia.

El seguimiento que el PP ha realizado en torno a la evolución del caso Salazar —incluido el tiempo de reacción del PSOE y la actitud de los miembros del Gobierno— ha incrementado la visibilidad pública del caso en un escenario de creciente escrutinio sobre la integridad del Ejecutivo nacional y sobre la credibilidad de sus principales figuras, de acuerdo con lo transmitido por el medio. Este contexto explica el interés de la oposición en valorar el impacto institucional de las ausencias y convertir la sesión parlamentaria en un foco de presión sobre el Gobierno central.

Sectores críticos insisten en que la crisis abierta tras las denuncias de acoso y la respuesta del Ejecutivo amplían las dudas sobre la protección efectiva de víctimas dentro del entorno institucional y la calidad de las políticas internas implementadas por el partido gobernante. La controversia se extiende por el modo en que han reaccionado los responsables gubernamentales ante el escrutinio público y las medidas adoptadas tras el conocimiento de las denuncias presentadas por personal dependiente de los órganos centrales.