
El nuevo real decreto que prepara el Ejecutivo propone extender los plazos para que las entidades locales puedan avanzar en la digitalización de sus procesos empresariales, una demanda reiterada en los últimos contactos políticos que el Gobierno ha mantenido con representantes regionales, entre ellos Junts per Cataluña. El objetivo de esta medida es facilitar la adaptación de los sistemas de facturación electrónica y la modernización administrativa, atendiendo las inquietudes planteadas sobre herramientas y tiempos disponibles para los municipios que buscan mejorar su gestión. Esta línea de actuación, según informó Europa Press, se situará en el centro del paquete legal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una entrevista con el medio 'Rac1'.
De acuerdo con Europa Press, Sánchez anticipó la inminente aprobación de este real decreto en el Consejo de Ministros del martes, el cual habilitará un nuevo marco de acción regulatoria para los ayuntamientos. El presidente detalló que la intención de la normativa es dotar a los alcaldes y gobiernos municipales de más autonomía y nuevas capacidades inversoras, especialmente en proyectos alejados del gasto ordinario. El cambio busca cubrir demandas históricas de más flexibilidad para la promoción de iniciativas de construcción de vivienda pública, gestión del agua y otros ejes considerados estratégicos en el desarrollo local.
Europa Press reportó que el paquete legal tiene como destinatarios a los ayuntamientos de todo el país, aunque reconoce de forma expresa las reclamaciones planteadas desde Cataluña a través de Junts per Cataluña, formación política que sostiene parte de la actual legislatura. El Ejecutivo asume así las demoras y los incumplimientos señalados públicamente por esta agrupación, comprometiéndose a abordar los temas más urgentes de la agenda local pendiente. Sánchez, durante la citada entrevista, asumió responsabilidad por los retrasos y precisó que los avances del real decreto reflejan el resultado directo de las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y Junts per Cataluña.
Tal como publicó Europa Press, la reforma proyectada no implica un aumento del gasto corriente municipal; se centra en la creación de nuevos márgenes financieros para inversiones puntuales vinculadas al desarrollo estratégico. Tras años en los que la normativa estatal sobre estabilidad presupuestaria impuso limitaciones estrictas, la medida busca que los consistorios cuenten con autonomía real sobre la toma de decisiones en materia de inversiones. En palabras de Sánchez, según consignó el medio, la propuesta abre la posibilidad de que los municipios respondan con mayor agilidad a los desafíos y necesidades territoriales específicas.
El nuevo marco legal responde a la arquitectura financiera municipal y a las demandas de mayor soberanía presupuestaria, según Europa Press. Los responsables locales, especialmente en Cataluña, han reclamado una mayor capacidad de decidir sobre el destino de los recursos y la materialización de proyectos estratégicos. Esta petición se hace notar tras experiencias acumuladas durante periodos de restricciones dictados desde el ámbito estatal, que inciden de lleno en la promoción de iniciativas de vivienda y gestión eficiente de recursos hídricos. Sánchez destacó reiteradamente que ni la vivienda pública ni los servicios relacionados con el agua constituyen una lista cerrada, sino que el alcance final de la reforma permitirá desplegar nuevas actuaciones que respondan al crecimiento y la innovación en cada ámbito local.
El paquete legal, según enfatizó Europa Press, surgió en gran medida del proceso de diálogo político entre el Ejecutivo central y Junts per Cataluña, tras semanas dedicadas a trasladar compromisos políticos a planes normativos que refuercen la autonomía municipal. La reforma se configura así como herramienta prioritaria para superar barreras y modernizar la gestión pública local, atendiendo tanto el escenario social como las nuevas exigencias tecnológicas y empresariales. Sánchez mencionó durante la entrevista, de acuerdo con la crónica de Europa Press, que los cambios incluidos pretenden favorecer a todos los ayuntamientos del país, y no exclusivamente a una determinada autonomía.
Sobre el alcance práctico de la medida, Europa Press detalló que la flexibilización financiera permitirá a los municipios promover inversiones en áreas catalogadas como prioritarias, sin que se requiera modificar los parámetros estructurales del gasto habitual. Además, se prevé una adaptación de procesos que incidirá de manera especial en las pequeñas y medianas empresas colaboradoras habituales de la Administración local, obligadas a actualizar sus sistemas a la facturación electrónica.
El medio añadió que la difusión de este anuncio coincide con una etapa de constante negociación entre el Ejecutivo y diferentes grupos parlamentarios, donde el cumplimiento de acuerdos previos se ha convertido en un elemento clave para la estabilidad legislativa. Sánchez hizo hincapié en que atender estas reclamaciones facilitará la concertación política y ayudará a materializar compromisos con socios estratégicos, como Junts per Cataluña, a través de instrumentos jurídicos concretos que impulsen la modernización administrativa.
Europa Press concluyó que los detalles técnicos y el alcance definitivo de este real decreto estarán sujetos a la discusión formal en el Consejo de Ministros, momento en el que se conocerán los pormenores de las competencias y los instrumentos de flexibilidad que se pondrán a disposición de los entes locales. La concreción de esta propuesta se presenta como una respuesta directa a las críticas recabadas durante el proceso de negociación parlamentaria, buscando consolidar una mayor capacidad de acción para los municipios españoles en materia de inversiones, modernización y gestión estratégica.
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