CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

La suspensión del convenio de canje de permisos de conducir entre España y Venezuela ha obligado a más de 222.891 venezolanos residentes legales en España y a miles de ciudadanos españoles retornados a afrontar gastos de hasta 2.500 euros para convalidar su carné, además de ver restringido su acceso al empleo en actividades como transporte, logística, distribución y cuidados a domicilio, según recogió Europa Press. Esta situación se deriva de la suspensión en marzo de 2021 del acuerdo bilateral firmado en 2005, citada por la Coalición Canaria (CC) al solicitar la reanudación de conversaciones formales con Caracas y la elaboración de nuevas herramientas de validación documental.

Según informó Europa Press, la diputada Cristina Valido presentó una proposición no de ley solicitando al Congreso que exhorte al Gobierno español a restablecer el acuerdo bilateral suspendido, planteando el inicio de un proceso de diálogo con las autoridades venezolanas. Valido propone la creación de un protocolo técnico que permita verificar la autenticidad de los permisos expedidos por el gobierno venezolano, e impulsa la formación de una mesa de trabajo integrada por representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la Dirección General de Tráfico, de la Embajada de Venezuela en Madrid, así como de la sociedad civil y la comunidad venezolana residente en España.

La propuesta también insta a poner en marcha un programa piloto, mientras se negocia la reactivación definitiva del convenio, que únicamente contemple los permisos venezolanos expedidos en formato de tarjeta plástica antes de 2017, siempre que se reciban con verificación favorable del Consulado de España en Venezuela y sus titulares aporten prueba de residencia legal en territorio español antes de la fecha de expedición del carné. Adicionalmente, los aspirantes deberán superar un examen teórico simplificado sobre la normativa de tráfico vigente en España.

La iniciativa parlamentaria recogida por Europa Press señala la necesidad de elaborar un informe detallado en un periodo de seis meses que mida el impacto social, económico y laboral de la suspensión del acuerdo de canje, las medidas de verificación empleadas en otros tratados bilaterales, la viabilidad jurídica y técnica de distintos mecanismos de reactivación, y las mejoras que el gobierno venezolano debe implementar para cumplir con el punto 9 del acuerdo de 2005.

Coalición Canaria subraya en la exposición de motivos que el canje de permisos vigente desde 2005 había facilitado notablemente la movilidad de migrantes y el acceso al empleo durante más de diez años, evitando la necesidad de realizar exámenes adicionales para recuperar derechos de conducción adquiridos previamente. El contexto del convenio incluía tanto a ciudadanos venezolanos residentes legales en España como a españoles retornados que habían obtenido su permiso de conducir en Venezuela.

El medio Europa Press reportó que la suspensión del acuerdo se produjo bajo los amparos legales de los artículos 57.b) y 60.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, medida adoptada ante el “reiterado incumplimiento” de Venezuela del compromiso de verificación documental. El punto 9 del acuerdo exigía la comprobación detallada de la autenticidad de los permisos de conducir venezolanos, un proceso no ejecutado, según el texto de la proposición.

Cristina Valido planteó también que cualquier mecanismo extraordinario de validación o verificación que se acuerde para Venezuela debe aplicarse de modo proporcional y semejante a otros convenios de canje de permisos con terceros países, para evitar discriminaciones por nacionalidad, en línea con el principio de igualdad de trato.

Entre los puntos recogidos por Europa Press, la diputada hizo hincapié en que las medidas a adoptar deben elaborarse en colaboración con entidades especializadas en temas migratorios, así como representantes de la comunidad venezolana en España. El objetivo, según el texto, es garantizar que los controles de autenticidad documental no deriven en obstáculos o tratos desiguales contra el colectivo migrante, preservando así tanto la seguridad vial como los derechos laborales y sociales de los afectados.

La formación política insistió en que la reactivación del acuerdo debe ir acompañada de un examen detallado de la viabilidad jurídica y técnica de las propuestas, la experiencia administrativa en otros acuerdos y la identificación de retos particulares de la relación bilateral entre ambos países. Además, plantea analizar las acciones que las autoridades venezolanas podrían implementar para aportar mayores garantías al sistema de convalidación.

Según el texto presentado ante el Congreso y difundido por Europa Press, la exigencia de obtener el permiso español desde cero, tras la suspensión, ha supuesto para muchos migrantes un coste económico difícil de afrontar y un importante obstáculo en su reintegro laboral y social, en especial para quienes viven en zonas con menor oferta de transporte público o que dependen del vehículo propio para trabajar. La propia Coalición Canaria advierte de los riesgos de discriminación colectiva si se imponen barreras administrativas que no consideren la diversidad de situaciones de los migrantes.

El programa piloto que figura en la propuesta pretende ser una medida temporal y controlada, permitiendo una validación gradual y bajo supervisión de las autoridades consulares, mientras se avanza hacia la normalización de las relaciones y procedimientos administrativos. Además, establece la obligación de superar un test simplificado sobre la normativa española, lo que representa una combinación entre control y facilitación de la integración.

Finalmente, la propuesta incluye entre sus objetivos el establecimiento de protocolos inspirados en las mejores prácticas internacionales, tomando como referencia las experiencias previas del Gobierno español en convenios similares, y adaptando el marco legal a las exigencias de seguridad jurídica y administrativa. La Coalición Canaria sostiene que el restablecimiento de acuerdos de este tipo contribuye a la integración y la movilidad de la población migrante, así como a la optimización de los recursos de las propias administraciones involucradas, según expuso Europa Press.