El Supremo revisa hoy la libertad de Ábalos y Koldo tras situarles a un paso de juicio por la trama de mascarillas

Víctor de Aldama optó por la colaboración activa con los investigadores, una estrategia que, según el medio de referencia, le permitió recibir una propuesta de condena considerablemente menor respecto a otros implicados en la investigación sobre los contratos de mascarillas gestionados durante la pandemia en España. Mientras tanto, el Tribunal Supremo organizó la comparecencia pública de José Luis Ábalos y Koldo García González para evaluar la solicitud de prisión preventiva reclamada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares debido a la presunta gravedad de los delitos cometidos en la adjudicación de contratos públicos bajo emergencia sanitaria.

De acuerdo con la información difundida por el medio de referencia, la Fiscalía fundamentó su solicitud en el riesgo de fuga y en la severidad de los delitos que se investigan, asuntos centrales en la petición para imponer prisión preventiva a los ex altos cargos, quienes actualmente se encuentran sujetos a la prohibición de salir del país, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante la autoridad judicial. Según reportó el mismo medio, el magistrado Leopoldo Puente programó la declaración de José Luis Ábalos a las 10 de la mañana en la sede del Tribunal Supremo y retrasó la intervención de Koldo García González hasta las 12:30, con el propósito de garantizar que la defensa de este último asistiera a la comparecencia de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, asegurando así los derechos de defensa en todos los frentes del proceso.

En la causa, siguen vigentes para los principales investigados las restricciones mencionadas, pero las acusaciones consideran estas medidas insuficientes ante la organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y utilización indebida de información reservada durante el desempeño de cargos públicos, que atribuyen tanto a Ábalos como a García González. Según consignó el medio de referencia, la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 24 años de prisión y una multa próxima a los 3,9 millones de euros para Ábalos, mientras que para García González solicita 19 años y medio de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas principalmente por el Partido Popular, elevan las penas en sus peticiones, alcanzando hasta los 30 años de prisión al sumar delitos de prevaricación y falsedad documental.

El magistrado Puente decidió que cualquier endurecimiento de las medidas cautelares solo procederá tras la vista judicial, en la que tanto la acusación como la defensa presentarán sus argumentos. Por el contrario, en el caso de Víctor de Aldama, el reconocimiento de su cooperación influyó notablemente en la reducción de la pena propuesta, que se sitúa en siete años de prisión, apuntó el mismo medio.

El proceso ha estado marcado por la presentación de diversos recursos por parte de las defensas de los ex altos cargos. El equipo de defensa de Ábalos, liderado por el exfiscal Carlos Bautista, argumentó ante el tribunal que su defendido no recibió comisión alguna como consecuencia de los contratos objeto de investigación. El medio de referencia publicó que dicha defensa se sustenta casi exclusivamente en las declaraciones de Víctor de Aldama y en fragmentos extraídos de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Además, los abogados de Ábalos alegan que no han contado con acceso total a los expedientes incautados durante la investigación, ni han podido practicar pruebas consideradas esenciales para clarificar los hechos.

En sentido similar, Leticia de la Hoz, abogada defensora de García González, negó la existencia de vínculos empresariales entre su cliente y la empresa señalada por las acusaciones como epicentro de las irregularidades. Argumentó además que la autorización parlamentaria para investigar solo cubría una parte restringida de las actuaciones presuntamente delictivas dentro de la gestión pública. La defensa de García González también denunció ante el Tribunal Supremo lo que definió como “indefensión material”, originada en la negativa judicial a aceptar como testigo a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, a quien algunas acusaciones relacionan con empresas públicas por la intermediación de los investigados, según reportó el medio de referencia.

El contexto procesal se ha visto afectado por la acción simultánea de factores judiciales y políticos, lo que, según el mismo medio, ha provocado mayor control sobre los investigados y ha requerido modificaciones en los horarios de las vistas judiciales para que las distintas partes puedan ejercer sin restricciones el derecho de defensa. Tanto las defensas como las acusaciones presentan posiciones antagónicas respecto a la proporcionalidad y conveniencia de la prisión preventiva, en un procedimiento donde el Tribunal Supremo deberá decidir si mantiene las actuales limitaciones personales o adopta medidas aún más severas en función de la gravedad de los hechos y la magnitud de las penas solicitadas.

Las posturas de la Fiscalía y de las acusaciones populares se plasmaron en escritos en los que subrayan los retos singulares asociados a la instrucción de una causa compleja y la importancia de asegurar la presencia de los investigados en la totalidad de las fases del procedimiento y durante el juicio oral, detalló el medio citado. El caso, tramitado por el Tribunal Supremo después de una larga fase de investigación preliminar, concentra el foco sobre el proceso de contratación pública de emergencia para la adquisición de mascarillas en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en España, fase en la que, de acuerdo con la información publicada, se habrían producido aquellos delitos por parte de altos cargos y empresarios públicos.

La perspectiva procesal se vuelve todavía más significativa dada la amplia repercusión social y mediática del caso, consignó el medio de referencia. Toda decisión que tome el Tribunal Supremo sobre si prorrogar la restricción de movimientos o imponer prisión preventiva a los principales investigados podría tener repercusiones en el desarrollo futuro de la causa. Desde la perspectiva de las defensas, siguen afirmando la necesidad de preservar estrictamente los derechos de sus representados y recalcan la insuficiencia de pruebas para la adopción de medidas tan restrictivas como la que procuran las acusaciones en esta etapa procesal previa al juicio oral.