El abogado y eurodiputado Jaume Asens, representante del grupo político 'Comuns', ha presentado una querella criminal ante el Tribunal Supremo dirigida contra Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala Penal. La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas realizadas por el magistrado durante un curso organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el 18 de noviembre, en pleno proceso de deliberación sobre la sentencia al fiscal general del Estado, según detalló el medio de comunicación fuente. El centro de la acción judicial radica en la preocupación del grupo por el efecto de estas manifestaciones en la imagen de neutralidad y garantía procesal del tribunal encargado del caso.
De acuerdo con la querella, durante el evento, Martínez Arrieta intervino como ponente y expresó: "Acabo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado". Esta frase, citada textualmente en la denuncia y pronunciada ante un auditorio que respondió con risas, es considerada por los 'Comuns' como "una revelación explícita de información reservada". El grupo argumenta que estas palabras no solo informaron sobre el estado interno de las deliberaciones, sino que desvelaron el cambio de ponente originalmente asignado, la existencia de una mayoría entre los magistrados y la posible dirección del fallo judicial, según publicó la fuente original.
Según la formación, estos datos se encuentran resguardados por el secreto profesional del proceso deliberativo, conforme al artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y su filtración representaría una vulneración de este principio. La querella invoca además el artículo 417 del Código Penal, que sanciona la revelación de secretos en el ejercicio de funciones públicas. Según consignó el medio, el texto judicial subraya el impacto potencial de la filtración sobre el derecho fundamental a contar con un proceso imparcial y justo.
El grupo político también sostiene en su demanda que la presencia simultánea de tres integrantes del tribunal en el acto organizado por una de las partes acusadoras podría suponer una grave afectación a la "apariencia de imparcialidad" del órgano judicial. A este respecto, los 'Comuns' destacan la doctrina sostenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que exige tanto imparcialidad efectiva como la percepción externa de objetividad.
El caso gira en torno al procedimiento que involucra al fiscal general del Estado, cuya sentencia estaba bajo deliberación al momento de las declaraciones que motivaron la denuncia. El medio de comunicación señaló que la afirmación del magistrado se produjo justo cuando aún no se había hecho pública la decisión final sobre el fiscal, por lo que el grupo político valora que existe un riesgo especial en dichas alusiones para el desarrollo justo del proceso.
La preocupación expresada por los demandantes se fundamenta en la protección de la confidencialidad de los debates judiciales internos. La querella detalla que los comentarios de Martínez Arrieta, aunque realizados en tono informal y seguidos de reacciones de parte del público, han expuesto prematuramente información relevante sobre aspectos del fallo aún no comunicado oficialmente, lo que para 'Comuns' entraña un riesgo grave para la legitimidad de la resolución.
El medio original aseguró que el documento presentado ante el Tribunal Supremo insiste en el deber de neutralidad y reserva por parte de los magistrados, obligaciones que a juicio de los querellantes se vieron alteradas por el comportamiento del presidente de la Sala Penal. Además, la acción subraya que las filtraciones, aunque triviales en apariencia, pueden condicionar la percepción ciudadana y de las partes involucradas sobre la ecuanimidad del sistema judicial.
Por último, la querella criminal, según publicó el medio, requiere del Tribunal Supremo investigar el grado de afectación a los principios de imparcialidad y secreto profesional, considerando tanto el contexto de la intervención pública de Martínez Arrieta como la reacción social generada por los hechos descritos.
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