El Congreso rechaza con el voto de PP y Vox una propuesta de Sumar para restablecer el subsidio por excarcelación

“No pretendan que premiemos a los delincuentes”, afirmó el portavoz de Vox, David García Gomís, durante un debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en el que se rechazó una iniciativa presentada por Sumar para reinstaurar la ayuda económica destinada a personas excarceladas. Según detalló Europa Press, la propuesta recibió los votos contrarios del Partido Popular (PP), Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), quienes consideraron que el subsidio no cumple su supuesto objetivo de evitar la reincidencia y cuestionaron tanto su eficacia como su pertinencia social.

De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el subsidio por excarcelación había estado regulado en la Ley General de la Seguridad Social, concretamente en el artículo 274 en su apartado 2, que reconocía este derecho a las personas liberadas de prisión que no reunieran los requisitos para percibir una prestación por desempleo, siempre que hubiesen cumplido una condena mayor a seis meses. Esta ayuda fue eliminada mediante un decreto publicado el año anterior, lo que motivó la acción legislativa de Sumar, que buscó que se derogara la modificación para restablecer el subsidio.

Según el diputado de Sumar Enrique Santiago, con la reforma aplicada, la única opción que les queda a las personas en situación de excarcelación es gestionar el ingreso mínimo vital, una alternativa que, según denunció, resulta poco accesible para quienes han pasado largos periodos en prisión y que, habitualmente, no cuentan con conocimientos o medios necesarios para presentar las solicitudes por vía telemática. Santiago también apuntó que la saturación en la disponibilidad de citas presenciales en las oficinas de la Seguridad Social impide el acceso a estos beneficios, lo que sitúa a las personas recién excarceladas en una situación de vulnerabilidad extrema a la hora de buscar protección social. Sumar planteó la necesidad de garantizar que la salida de prisión no signifique la pérdida automática de cualquier derecho a asistencia, reclamando una respuesta que atienda la especial dificultad que muestran estos colectivos para reintegrarse plenamente en la sociedad.

Durante el debate, la diputada del PP, Maribel Sánchez Torregrosa, ironizó con que la iniciativa presentada debió denominarse “subsidio Cerdán” y acusó al grupo proponente de “hipocresía”. Sánchez Torregrosa cuestionó que Sumar promoviera esta proposición no de ley cuando, según su argumento, al hacerlo reconoce una “pésima gestión” del Ejecutivo del que ellos mismos son parte, ya que la medida fue adoptada por el propio Gobierno del que su formación forma parte o ha apoyado. Europa Press detalló que Sánchez Torregrosa centró su intervención en el episodio reciente de eliminación del subsidio y la contradicción que ve en que Sumar reclame ahora aquello que eliminó o permitió eliminar el Ejecutivo.

En el bloque de Vox, David García Gomís sostuvo una postura contraria al restablecimiento del subsidio, señalando la ausencia de pruebas concluyentes que vinculen la concesión de este tipo de ayudas con una reducción en la reincidencia delictiva de las personas excarceladas. Según consignó Europa Press, el portavoz pidió no premiar a quienes considera que han delinquido y expresó dudas respecto al impacto positivo de esta política pública.

La sesión recogió así posturas enfrentadas. Sumar centró su defensa en la especial vulnerabilidad de quienes salen de prisión y carecen de recursos o herramientas para reincorporarse laboral y socialmente, haciendo hincapié en las dificultades prácticas que existen para acceder al ingreso mínimo vital en ese contexto. Por su parte, quienes rechazaron la propuesta subrayaron las limitaciones de la medida anterior y argumentaron que la reincidencia no disminuye necesariamente con la existencia del subsidio por excarcelación.

La misma comisión abordó también un tema diferente relativo a la inmigración, después de que Vox presentara una proposición no de ley sobre la manera de afrontar la llegada de personas migrantes y las consecuencias asociadas a este fenómeno. El texto fue rechazado tras haberse negado Vox a aceptar una enmienda propuesta por el Partido Popular. Según reportó Europa Press, la modificación sugerida por el PP consistía en aumentar el número de devoluciones de migrantes, puesto que, según el grupo popular, estas se encontrarían en registros mínimos históricos. Además, el PP defendió la persecución del tráfico de personas en aguas internacionales, la implantación de la expulsión como una práctica general ante delitos graves y el refuerzo de las fronteras, en especial ante la situación de saturación detectada en el archipiélago balear.

El PSOE y Sumar se opusieron a la proposición de Vox argumentando que el discurso empleado por esta formación se basa en informaciones falsas y tiene por objetivo enfrentar y dividir a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Ambos grupos, según detalló Europa Press, apuntaron que las llegadas de personas migrantes en patera han disminuido respecto al año previo y recriminaron el planteamiento de Vox, que identificaron como un intento de promover políticas de extrema dureza, acusando incluso a la formación de Santiago Abascal de querer enviar a la Armada para “bombardear” embarcaciones con migrantes.

El debate en la Comisión de Interior, tal como reportó Europa Press, dejó en evidencia la división entre los partidos en lo relativo a la protección social de las personas excarceladas y las propuestas de gestión de los flujos migratorios, reflejando dos de los temas que centran buena parte de la confrontación parlamentaria en el actual contexto político español. La intervención de diferentes portavoces destacó la tensión respecto a la eficacia de las ayudas públicas, la gestión de recursos sociales y la respuesta a cuestiones vinculadas con la migración, aspectos que siguen generando controversia tanto en el hemiciclo como en el debate público.