
La defensa legal de una mujer que permanece en otro país junto a su hijo sostiene que la denuncia presentada contra su expareja por presunto abuso sexual al menor de ambos fue archivada en menos de dos días y sin que la Justicia española llevara a cabo exámenes médicos ni investigaciones profundas sobre los hechos, como reportó la agencia Europa Press. El abogado de la madre afirma que, pese a aportar documentación médica en la denuncia, el proceso no avanzó y se ordenó la entrega del hijo al padre, motivo que llevó a la mujer a abandonar España con el menor y mantenerse ahora en situación de busca y captura internacional.
Según ha informado Europa Press, la madre es la expareja de un hombre condenado en enero de 2024, después de que éste confesara el abuso sexual de una menor en Ibiza mientras le tatuaba el cuerpo en julio de 2021. El exmarido reconoció ante el tribunal haber tocado a la víctima mientras realizaba el tatuaje, lo que resultó en una sentencia de dos años de prisión y la pena accesoria de inhabilitación por siete años para desempeñar cualquier actividad con contacto directo y continuado con menores, así como la prohibición específica de realizar tatuajes a menores.
Europa Press detalló que, tras la denuncia contra el padre por presunto abuso al hijo común —quien entonces tenía tres años—, la policía y los juzgados ordenaron el cierre del caso en solo 48 horas, sin realizar la exploración pericial del niño ni investigación complementaria. El letrado de la mujer criticó públicamente la actuación del juzgado de instrucción número 2 de Ibiza, al que acusa de omitir cualquier análisis más exhaustivo y de mantener la orden de busca y captura internacional contra su clienta.
Actualmente, la situación legal de la madre aguarda una resolución por parte de la Audiencia Provincial de Palma, que deberá pronunciarse sobre el mantenimiento de dicha orden internacional. Según consignó Europa Press en su reciente comunicado, la defensa argumenta que la madre está dispuesta a regresar a España para comparecer y declarar ante los tribunales acerca de los hechos denunciados, con la esperanza de que su caso se reexamine y se tomen en cuenta tanto los antecedentes judiciales como la documentación médica aportada en su momento.
El letrado expresó la intención de su representada de solicitar formalmente al tribunal que se protejan los derechos del menor y de la propia madre, y que se restablezca su libertad de movimientos, inquietud fundamentada por la rápida reacción judicial que le obligó a entregar al hijo al padre y, según explicó, sin el análisis debido a los informes médicos presentados.
El caso, según Europa Press, suma la peculiaridad de integrar una condena admitida contra el padre por agresión sexual a una menor de 15 años y, simultáneamente, un proceso archivado en relación a los indicios de abuso en su propio hijo, situación que la madre denuncia y que la llevó a abandonar el territorio español. Los antecedentes penales del expareja y las decisiones judiciales han elevado la controversia entre las partes, mientras la Audiencia Provincial revisa la orden vigente de busca y captura.
En su última comunicación, la defensa insistió en que la comparecencia voluntaria de la madre ante la justicia española responde a la necesidad de que, según sus palabras, “se haga justicia con el menor y con ella misma”, así como la restitución de sus derechos fundamentales y su libre circulación, todo ello en el contexto de una supervisión judicial que no consideró en profundidad las pruebas aportadas inicialmente. Europa Press remarca el seguimiento del caso, que cuenta con pronunciamientos judiciales pendientes y la continua disputa sobre la protección y custodia del hijo menor.
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