El alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, ha sido el primero de los cinco detenidos en la segunda fase del caso 'Mascarillas' en abandonar la sede judicial tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, donde la Fiscalía ha solicitado libertad con medidas cautelares para todos los arrestados.
A su salida, ha declinado hacer declaraciones amplias, aunque ha manifestado que "no es momento de hablar". Preguntado por si estaba tranquilo, ha respondido: "Sí, estoy bien". Mientras que, al ser cuestionado por si se encontraba feliz con la decisión judicial, ha manifestado: "Hombre, no voy a estar triste...".
Los cinco detenidos, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García; el vicepresidente segundo, Fernando Giménez; el propio alcalde de Fines; el hijo de este; y un funcionario del Área de Fomento, han quedado a disposición del juez tras ser arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) en una operación que investiga presuntas comisiones obtenidas mediante contratos irregulares adjudicados desde la institución provincial. La causa analiza supuestos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.
Según lo ya trasladado por fuentes jurídicas, la Fiscalía ha pedido la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas para todos ellos, mientras que la acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado prisión provisional. El magistrado instructor, Eduardo Martínez Gamero, será quien adopte la decisión en un auto.
Los arrestados han permanecido dos noches en dependencias de la Guardia Civil tras su detención este martes antes de ser conducidos este jueves, poco antes de las 11,00 horas, a la Ciudad de la Justicia. Las declaraciones han comenzado minutos después de las 12,30 horas, en una jornada marcada por la expectación mediática.
El origen de la trama se sitúa en un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de covid-19, del que se habrían obtenido 'mordidas', lo que derivó en una investigación más profunda que destapó un entramado de empresas. La causa principal cuenta ya con 14 personas investigadas judicialmente --entre ellas Giménez, Sánchez y Óscar Liria-- así como siete empresas.
En esta segunda fase, la Unidad Central Operativa (UCO) ha practicado registros en distintas áreas de la Diputación, en domicilios particulares, en sedes de empresas y en el Ayuntamiento de Fines, donde se recabó documentación relacionada con la instrucción, en una causa en la que, además de los cinco detenidos, hay otros cinco investigados.
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