La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que revise las medidas cautelares impuestas tanto al exministro José Luis Ábalos como al exasesor Koldo García --prohibición de salir del país y comparecencia quincenal en sede judicial-- después de reclamar condenas de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente, de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas.
Así lo hace en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que "interesa" que se celebre una vistilla para "la modificación de las medidas cautelares personales", lo que podría suponer que se agravaran o incluso que ingresaran en prisión provisional.
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, atribuye al exministro y su exasesor los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, así como reclama que paguen multas de 3,9 millones de euros.
Igualmente, la Fiscalía solicita que se les obligue a indemnizar "conjunta y solidariamente" a las empresas públicas Ineco --en 34.477,86 euros-- y Tragsatec --en 9.500,54 euros--, además de "acordar el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, por importe de, al menos, 430.298,4 euros".
El instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, ratificó el pasado octubre las medidas cautelares vigentes contra el exministro de Transportes y el que fuera su asesor, al entender que no había un gran riesgo de fuga.
Lo hizo tras tomarles nuevamente declaración y accediendo a lo planteado entonces por el propio jefe de Anticorrupción, mientras que las acusaciones populares lideradas por el PP pidieron prisión provisional.
Tras acogerse Ábalos al derecho a no declarar, el magistrado instructor indicó que persisten los indicios de criminalidad que aparecían en su contra sobre los presuntos amaños de obra pública --la otra pata del caso, todavía en investigación---, pero descartó que en ese momento existiera riesgo de que volviera a delinquir o de que alterara las fuentes de prueba que sostienen la causa.
De Koldo, que también decidió no responder, el instructor subrayó que "pudiera, tal vez, disponer de una cierta cantidad de dinero, que hasta la fecha no ha sido hallada", así como que "mantuvo en el pasado ciertos vínculos con otros países, que se desconoce si persisten".
Pero entonces no apreciaba, aseguró, "ninguno de los elementos que podrían determinar la procedencia de tan grave limitación de su derecho fundamental a la libertad", es decir, "riesgo de fuga, posibilidad de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva".
Fue el pasado febrero cuando el magistrado del Supremo impuso esas medidas cautelares a Ábalos, mientras que para García se mantienen desde febrero de 2024, cuando fue detenido y se las impuso el juez de la Audiencia Nacional que también investiga la causa, Ismael Moreno. Posteriormente, el TS ha ido ratificando las mismas.
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