El PP quiere que el Congreso deje en evidencia al expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, censurando la injerencia de políticos en contratos públicos, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya revelado hechos "de enorme gravedad" relacionados con su etapa como presidente del Gobierno de Canarias. Sin embargo, no pide directamente su reprobación.
Así consta en la moción consecuencia de la interpelación que los 'populares' dirigieron el pasado miércoles a Torres a raíz del informe la UCO, cuyo texto se votará en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.
En concreto, el citado informe de la UCO acredita que el Ejecutivo de Torres participó "activamente" en las adjudicaciones irregularidades que forman parte del 'caso Koldo', al adjudicar más de 12 millones de euros a empresas "sin experiencia previa, son controles técnicos, sin garantías de calidad y a precios muy por encima del mercado".
TORRES "INTERMEDIÓ CON LA TRAMA KOLDO"
Además, las conclusiones de la UCO revelan que Torres mantuvo "contacto directo" con los intermediarios de la trama Koldo, "recibió instrucciones, intercambió mensajes, ejerció presiones a los funcionarios y negoció personalmente las condiciones de la operación".
Así las cosas, en su moción, que recoge Europa Press, el PP pretende que el Congreso rechace toda injerencia política sobre el personal al servicio de las administraciones públicas "que buscan obtener o agilizar beneficios a particulares, empresas o partidos ajenos al interés general".
Asimismo, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a aplicar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa para "mitigar los riesgos de corrupción y los conflictos de intereses en las personas con altas funciones ejecutivas del Gobierno central", entre los que incluyen a asesores políticos.
INCUMPLEN LAS RECOMENDACIONES DEL GRECO
Y es que los 'populares' arguyen que el apoyo público al ministro Torres, "incluso después de conocidas y acreditadas conductas absolutamente incompatibles con la ética pública", "hace patente" el "incumplimiento" del Gobierno de Pedro Sánchez de las recomendaciones del GRECO sobre medidas de prevención de la corrupción.
Como también "la normalización que el Gobierno y los partidos que le apoyan hacen de hechos como la actividad de un ex alto cargo del Gobierno --Leire Díez-- implicada en sobornos y chantajes a fiscales o guardias civiles para conseguir información comprometida de las personas que investigan al Gobierno", han añadido.
Es por ello que, en su propuesta, el PP también exige al Gobierno que dé cuenta de las posibles indicaciones que Presidencia o los ministerios de Presidencia y Justicia o Interior realizaron a la ex alto cargo de las empresas públicas de Correos y ENUSA así como ex militante socialista Leire Díez para "sobornar, chantajear y extorsionar" a personas del ámbito político y judicial con el finde obtener información contra la judicatura o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE.
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