
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha informado este miércoles al inicio de la sesión plenaria de que ha recibido una segunda petición para suspender la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (TS), que tiene varias causas abiertas contra el agitador.
Con este anuncio, Metsola pone en marcha el procedimiento formal para que la Cámara examine la petición de las autoridades españolas, segundo suplicatorio recibido por la Eurocámara, que ya anunció un primer expediente el pasado octubre.
Ahora, el asunto será remitido a la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para su examen, tal y como ha indicado la presidenta de la Eurocámara, que no ha aclarado a cuál de las cuatro causas abiertas contra el agitador se refiere la petición comunicada este miércoles.
La comisión JURI puede pedir cualquier información o explicación que estime necesaria y el diputado objeto del suplicatorio tendrá la oportunidad de ser oído y podrá presentar los documentos o cualquier otra prueba escrita según proceda.
Una vez concluido su análisis, la comisión parlamentaria debe adoptar una recomendación a puerta cerrada sobre la respuesta al Supremo que, en la siguiente sesión plenaria, será presentada ante todo el Parlamento para que apruebe o rechace el levantamiento de la inmunidad. Los procesos de suspensión de inmunidad duran una media de seis meses en la mayoría de casos, aunque no hay un plazo cerrado establecido.
CUATRO CAUSAS ABIERTAS CONTRA 'ALVISE'
El Supremo tiene cuatro causas abiertas contra 'Alvise', entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que anunció el octubre la remisión de un suplicatorio a la Eurocámara. En esta causa, el Tribunal investiga los 100.000 euros que recibió 'Alvise' del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', de cara a las elecciones europeas de 2024.
Además, cuenta con otra por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; otra por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.
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