El juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno ha propuesto juzgar al productor José Luis Rodríguez Moreno y otras 54 personas por supuestamente formar parte de una organización criminal dedicada a conseguir financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades maquilladas que, en su mayoría, carecían de actividad real y cuyo fin era "lucrarse de manera ilegítima".
Así lo ha acordado este martes en un auto, recogido por Europa Press, el juez instructor del 'caso Titella', que apunta a presuntos delitos de estafa continuada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, atribuye un delito contra la Hacienda Pública a Moreno y Martin Czehmester.
El juez sitúa en un primer nivel de la organización a Moreno, Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, con sus colaboradores directos.
A su entender, los investigados formaban parte de una organización criminal activa al menos desde 2017 e integrada por un elevado número de personas físicas y jurídicas, cuya actividad muestra "una extraordinaria complejidad, diversificándose en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados mediante una dinámica de 'rueda de cheques o pagarés', a la falsificación de efectos bancarios, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos de estas actividades, con una estructura dividida en células operativas y claramente jerarquizadas".
La organización, añade, se dedicaba a obtener lucro aparentando, con evidente abuso del sistema crediticio de los bancos, la existencia de una solvente actividad económica empresarial para lograr de entidades bancarias productos crediticios, tales como el 'confirming', 'factoring' o líneas de crédito a empresas y hacer suyo el importe, simulando una crisis económica por una mala gestión mercantil o por incidencias del mercado.
El juez da un plazo de veinte días a la Fiscalía y las acusaciones que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de las actuaciones.
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