Archivada una denuncia por falsedad documental contra José María Ángel, excomisionado de la dana

El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha decretado el sobreseimiento libre de una causa abierta a raíz de una denuncia interpuesta por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias por falsedad documental contra José María Ángel, excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la dana, al entender que los hechos están prescritos y, por tanto, la posible responsabilidad penal ha quedado extinguida.

El magistrado razona en un auto que el delito de falsedad documental se consuma de forma instantánea, aunque tenga efectos permanentes, tal y como recoge diversa jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia así como del Tribunal Supremo.

En este caso, la denuncia se refiere a la supuesta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, por lo que estaría prescrito de conformidad con lo que dispone el artículo 131 del Código Penal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

"NOTORIAMENTE PRESCRITOS"

"Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de diez o de cinco años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos", señala el instructor. De hecho, de acuerdo con el auto judicial, "los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años".

El magistrado cita jurisprudencia que sostiene esta conclusión, como un auto de 12 de noviembre de 2019 de la Audiencia de Valencia, que recuerda que el delito de falsedad documental "no es un delito permanente en los términos establecidos en el artículo 132 del Código Penal", aunque después de su consumación instantánea produzca efectos a lo largo del tiempo, por lo que ha de distinguirse de "aquel que se consuma de forma prolongada en el tiempo hasta que se pone fin a la conducta atípica".

La decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Valencia, que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida en reforma y/o en apelación.

José María Ángel presentó el pasado 31 de julio su dimisión de este cargo en una carta en la que mantenía que "jamás" había falsificado ningún documento ni se había valido del mismo para acceder a ningún puesto.

En un escrito dirigido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, denunciaba que desde su designación para el cargo había habido "reiteradas actitudes de inquina" hacia su persona, "con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente". En esa fecha también presentó su dimisión de la presidencia del PSPV.

Ángel insistió en que había "acreditado y aclarado" que su acceso hacía ya 43 años a su puesto como funcionario de la Diputación de Valencia fue de forma legal y reglamentaria, así como la posterior reclasificación.

La renuncia se produjo a raíz de un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude que consideraba que José María Ángel "falsificó" un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universitat de València para acceder a la Administración Pública.