
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha criticado este martes al PP y Vox por eliminar sus oficinas anticorrupción cuando llegaron al poder en las comunidades de Valencia y Baleares y ha asegurado que esos "mecanismos de protección para las personas que denuncian bien le hubiera venido al señor Casado", en alusión al exlíder del Partido Popular, Pablo Casado.
En la sesión de control del Senado, Bolaños ha subrayado que la creación de estas oficinas anticorrupción y la Autoridad Independiente de Protección del Informante es un camino que marca la Comisión Europea y ha señalado que el Gobierno está trabajando en la creación de una entidad a nivel general.
Así ha respondido a la pregunta de la senadora de UPN María del Mar Caballero Martínez sobre las conclusiones de la Oficina anticorrupción de Navarra, que apuntan a que la adjudicación de las obras de los túneles situados en la localidad de Belate es "nula de pleno derecho". Dichos trabajos fueron adjudicados a la UTE formada por Servinabar y Acciona, dos de las empresas investigadas en el informe de la UCO sobre el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La senadora ha indicado que la presidenta foral, María Chivite, anunció "a bombo y platillo" que iba a expedir una auditoría a esta oficina de buenas prácticas y anticorrupción de Navarra para erradicar toda sombra de duda en estas contrataciones, pero que ahora no atienden a las conclusiones que han salido.
"Entonces, ¿para qué sirven las oficinas y agencias anticorrupción que se han creado en distintas comunidades autónomas?", se ha preguntado Caballero, quien ha manifestado mayor confianza en los tribunales y en las investigaciones que realiza la Guardia Civil" frente a "estas oficinas que solo les sirven para postureo y quedar bien", en alusión a las que, dijo, el Gobierno navarro minimiza como "oficinitas".
COMPATIBILIDAD LAS OFICINAS CON LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA
En su réplica, Bolaños ha defendido que el camino no es suprimir las oficinas anticorrupción, sino reforzarlas y ha recalcado que "es absolutamente compatible" que existan oficinas anticorrupción con la labor de los tribunales y de los magistrados y de los jueces en nuestro país".
Y ha añadido que, además de la Autoridad del Informante, el Ejecutivo pretende crear la oficina anticorrupción, aprobar una ley integral contra la corrupción, reforzar la Fiscalía, las unidades para luchar contra la corrupción y también modificar el Código Penal para que las penas para los empresarios corruptores sean más duras. El ministro ha concluido que Gobierno y fuerzas políticas comparten la finalidad de "luchar contra la corrupción de manera eficaz".
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