Marlaska expresa su compromiso para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que sigue siendo su compromiso el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, algo que está actualmente en el ámbito parlamentario y se trabaja para que sea una realidad, pero también para dotares del principio de indemnidad.

Marlaska se ha expresado así en el marco de la celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, cuyo acto se ha desarrollado en el Centro Penitenciario de Segovia, que precisamente cumple 25 años desde su puesta en funcionamiento.

Precisamente a sus puertas una veintena de funcionarios de prisiones ha protestado para reivindicar mejoras de sus condiciones de trabajo, como ya hicieran en Madrid hace dos días, aunque en este caso lo han circunscrito al centro segoviano, que es "muy peligroso", como han expresado en un manifiesto que han leído los miembros del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Este sindicato ha censurado las agresiones a funcionarios y ha reivindicado su consideración como agentes de la autoridad y equiparaciones salariales, entre otras cuestiones.

PENDIENTE REFORMA DE LA LEY PENITENCIARIA

Precisamente el ministro se ha referido a estas peticiones y ha señalado el compromiso de que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, algo que ha afirmado que está ahora en el ámbito parlamentario.

Pero ha añadido que además, "de oficio", también se les pretende reconocer el principio de indemnidad y, "como acontece con otros funcionarios, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que el Estado, inmediatamente, proceda a la indemnización de cualquier funcionario que sufra un daño en el ejercicio de sus funciones".

Ambas cuestiones se incluyen en la proposición de modificación de la Ley General Penitenciaria, ha concretado Marlaska, quien ha recordado que en los últimos años se ha trabajado en la mejora de las condiciones de los funcionarios de prisiones y se mantiene contacto con los sindicatos.

MEJORAS SALARIALES

En este sentido, ha concretado que se ha pasado de nueve clasificaciones a tres, con un incremento retributivo importante que ha cifrado en un 30 por ciento, pero además ha afirmado que se han mejorado las infraestructuras y la carrera profesional con un centro de formación "muy importante".

Marlaska ha insistido en que la seguridad de los funcionarios es una prioridad "máxima" y ha recordado que hay nuevos protocolos para la consideración y valoración de las agresiones, a lo que ha atribuido que los números se hayan incrementado, porque "hay mayor seriedad y mayor control".

"Porque nos preocupa y nos ocupa, y no admitimos ningún tipo de inseguridad, por mínimo que sea, respecto a nuestros funcionarios", ha agregado el titular de Interior.

Marlaska ha señalado otras mejoras como la convocatoria de ofertas de empleo público para funcionarios de Instituciones Penitenciarias que en siete años han sumado 8.700 plazas, lo que implica que a día de hoy haya 25.000 funcionarios, lo que ha revertido la situación "de escasez y de deficiencia de gobiernos anteriores".

Asimismo, ha destacado la inversión en infraestructuras, superior a los 300 millones de euros, a lo que se suman los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de alcanzar una sostenibilidad energética en la mayor parte de los centros.

Aunque ha asegurado que hay "mucho camino por delante", Fernando Grande-Marlaska ha afirmado que pueden sentirse "razonablemente satisfechos" de lo realizado.

"ENTRE LOS MEJORES"

El ministro, con motivo de la celebración de La Merced, ha reconocido a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias están "entre los mejor preparados" de los países del entorno "y al frente de múltiples programas de tratamiento que son estudiados e imitados por otros sistemas penitenciarios".

Además, ha asegurado que esta labor se traduce en que de cada diez personas que cumplen condena, cuando salen, ocho de ellas "ya no vuelven a delinquir, ya no vuelven a entrar en prisión".

Al acto presidido por Marlaska han asistido, entre otros invitados, la subdelegada del Gobierno en Segovia, María Ángeles Rueda; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente.

En su intervención, el ministro del Interior ha recordado que en 2018 la administración penitenciaria estaba "desasistida, con plantillas reducidas, salarios congelados e infraestructuras deficientes", y se ha destacado el trabajo realizado por los responsables del departamento para revertir esa situación.

Por su parte, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha destacado la evolución de la administración penitenciaria tanto en materia de infraestructuras como en el impulso de nuevas formas de abordaje tratamental.

En este sentido, ha valorado también el papel de los profesionales penitenciarios, "garantes de un servicio público que tiene encomendada, en la Constitución Española, una función que conlleva una enorme responsabilidad, la de hacer posible que la estancia en prisión esté orientada hacia una finalidad educadora y de inserción social".

DISTINCIONES PARA ALTOS CARGOS DE INTERIOR

Como es tradicional, durante el acto se han entregado buena parte de las condecoraciones concedidas con motivo de la festividad de la Merced.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha reconocido con la Medalla de Oro al Mérito Penitenciario las trayectorias profesionales de Lourdes Gil, actual coordinadora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria; de José Antonio García, jefe de Área del Servicio Jurídico de la Subdirección General de Análisis e Inspección Penitenciaria, y de María Luisa Velasco, jefa del Servicio de Planificación de la Subdirección General de Recursos Humanos.

Además, durante el acto ha recibido la medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Seguridad, por su esfuerzo durante su mandato para mejorar y garantizar la coordinación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con el resto de organismos y direcciones generales dependientes del Ministerio del Interior.