El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado por unanimidad el recurso que presentó la Junta de Extremadura contra la decisión del Tribunal Supremo de ordenar demoler la 'Isla de Valdecañas', un complejo urbanístico de 134,5 hectáreas en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo, en Cáceres.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el Pleno ha adoptado esta decisión después de que en junio de 2023 acordara suspender de forma cautelar el derribo del complejo urbanístico; aunque en aquella ocasión, se resolvió por seis votos a favor y cinco en contra, al considerar que la medida era prematura porque no había riesgo inminente.
El Constitucional optó por suspender la orden del Supremo mientras se pronunciaba sobre el fondo del recurso --que este martes ha desestimado-- al entender que el derribo de todo lo ya construido "ocasionaría perjuicios económicos difícilmente reparables por su entidad o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas que puedan producirse".
Fue en noviembre de 2022 cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.
Este paso ya se dio con la división del Constitucional. Cinco de los once magistrados del TC --entonces de mayoría conservadora-- anunciaron votos particulares contra la admisión a trámite.
LA DECISIÓN DEL SUPREMO
El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la 'Isla de Valdecañas' y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.
El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.
Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.
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