Esquerra Republicana (ERC) ha aprovechado la visita a España de miembros de la Comisión de Venecia para denunciar que "la falta de imparcialidad" con la que, a su juicio, actúa la judicatura española conlleva que no se esté aplicando la Ley de Amnistía y otras normas aprobadas por las Cortes Generales.
Así se lo han trasladado los independentistas catalanes a los miembros de este órgano del Consejo de Europa que se han reunido con las comisiones de Justicia del Congreso y el Senado para hablar del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde Esquerra han defendido que la Justicia española no llevó a cabo una transición democrática "real" tras el franquismo ya que, según han apuntado, "los tribunales cambiaron de nombre, pero los jueces procedentes del régimen dictatorial se mantuvieron en sus cargos".
"Y un ejemplo de ello es el Tribunal de Orden Público, reconvertido en la actual Audiencia Nacional, sin ningún proceso de depuración ni renovación democrática real", han destacado en un comunicado.
Y para la portavoz republicana en el Senado, Sara Bailac, es precisamente esta "falta de imparcialidad" la que explica que "muchos tribunales se permitan no aplicar la Ley de Amnistía y otras normas aprobadas democráticamente".
EL CGPJ EJERCE FUNCIONES "POLÍTICAS"
ERC también ha remarcado a los miembros de la Comisión de Venecia que el CGPJ "no ejerce funciones estrictamente jurídicas, sino políticas, administrativas, disciplinarias y de promoción dentro de la carrera judicial". De hecho, ha resaltado que el órgano de gobierno de los jueces ha protagonizado "numerosos casos de nombramientos escandalosos sin mérito ni capacidad, que evidencian una dinámica de opacidad y de falta de responsabilidad democrática".
"La independencia judicial no puede ser sinónimo de impunidad. En una democracia todos los poderes emanan del pueblo y deben rendir cuentas ante él", ha señalado en este sentido la senadora republicana Laura Castel.
Las republicanas catalanas también han denunciado que ninguna norma de derecho comparado europeo ni del Consejo de Europa obliga a España a tener un órgano como el CGPJ, lo que, en su opinión, "refuerza la necesidad" de revisar "profundamente" su composición y funciones.
Además, han alertado que cuatro de las cinco principales asociaciones de jueces y magistrados son "claramente conservadoras", lo cual, dicen, "no refleja la pluralidad ideológica" de la sociedad española, una "anomalía" que, entre otros factores, se debe "a un sistema de oposición que favorece a determinadas élites sociales e ideológicas".
"SESGO IDEOLÓGICO
"Todo ello --resumen en ERC-- genera un sesgo ideológico profundo en la alta judicatura española que, en los últimos años, ha desembocado en un activismo político abierto, incluyendo actos de rebeldía frente a normas emanadas del legislativo, pone en cuestión la debida imparcialidad de los tribunales encargados de aplicar la Ley de Amnistía y evidencia un caso flagrante de politización de la justicia".
En la misma línea se ha expresado la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien cree que esta situación no sólo supone "una anomalía histórica", sino un problema actual y "grave" porque la judicatura se ha convertido en un actor político que "bloquea" la voluntad popular expresada en el Congreso y el Senado, lo que la sitúa en "una clara rebeldía abierta contra el Legislativo".
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