Ciudadanos reprocha al Supremo que le obligue a acusar en el 'caso Koldo' bajo la dirección del PP

Ciudadanos ha criticado la decisión del Tribunal Supremo de obligarle a ejercer la acusación popular en el 'caso Koldo' bajo la dirección letrada del PP, al igual que al resto de acusaciones como Vox, lamentando que restringe su capacidad de actuación.

En un comunicado difundido este lunes, el partido naranja ha anunciado que ha presentado un recurso contra esa decisión al considerar que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge la Constitución y "limita su capacidad para ejercer una acusación autónoma e independiente".

Lo hace después de que el magistrado del Supremo que instruye el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, admitiera su personación como acusación popular, aunque le recordaba que deberá actuar a través de los 'populares'.

A su juicio, la unificación "impide a Ciudadanos ejercer plenamente su función como acusación popular, limitando su capacidad para proponer pruebas, realizar alegaciones o intervenir en interrogatorios", lo que "provoca una clara indefensión material".

El derecho a la tutela judicial efectiva no puede quedar supeditado, señala, "a las decisiones de otra parte personada en el proceso, especialmente cuando representa intereses distintos y estrategias procesales propias".

"Si esta parte propusiera diligencias que considerase relevantes y la dirección letrada impuesta no lo apreciase así, se nos estaría cercenando el ejercicio pleno de nuestros derechos procesales", indica.

INTERESES DIFERENTES

También advierte de que esta decisión "puede generar un conflicto de intereses", ya que establece una dirección común entre partidos políticos con "identidades ideológicas claramente diferenciadas".

"No se puede forzar una unificación que impida a cada acusación ejercer su función con autonomía, especialmente en un caso que afecta de lleno a la credibilidad de las instituciones y en el que hay cargos públicos y estructuras del poder implicadas", considera.

Ciudadanos defiende la importancia de la figura de la acusación popular "en un momento especialmente grave para el Estado de Derecho, con un fiscal general del Estado procesado y aferrado al cargo mientras mantiene la jefatura superior del Ministerio Fiscal".

El partido admite que la normativa permite la unificación de acusaciones populares, si bien insiste en que debe tratarse de una medida "totalmente excepcional y de aplicación restrictiva, pues de lo contrario se vacía de contenido una herramienta imprescindible de control y vigilancia ciudadana".

"El hecho de que las distintas acusaciones puedan coincidir en algunos objetivos no implica que compartan intereses, estrategias ni enfoques jurídicos. No se puede suprimir esa pluralidad bajo una misma dirección impuesta, sin poner en riesgo el principio de igualdad de armas y el acceso real a la justicia", concluye.

EL PP, EL ÚNICO EN LOS INTERROGATORIOS

El magistrado instructor decidió unificar en el PP la representación de las acusaciones populares al considerar que el criterio más objetivo era darle la dirección a quien se personó primero y porque entre ellas no habían logrado alcanzar un acuerdo.

"No se advierte conflicto alguno, sino al contrario, plena convergencia de intereses entre las distintas entidades, en ningún caso desde la óptica de intereses particulares o individuales sino desde el punto de vista del interés general que postulan, siendo que la debida unificación de su representación y defensa contribuirá al buen orden del proceso, así como a evitar el surgimiento de indebidas dilaciones", argumentó el pasado diciembre en un auto.

Tras esa decisión, el magistrado permitió sólo al PP estar presente en una declaración voluntaria como investigado del exministro José Luis Ábalos y en las que le han seguido, lo que generó malestar en Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox, que denunciaron vulneración de derechos y amenazaron con llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Ciudadanos solicitó personarse alegando que se trata de un "acto de higiene democrática" frente a hechos que considera reveladores de una "corrupción organizada desde el corazón del poder", en alusión a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública que encabezada presuntamente por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que habría ido de la mano del exministro José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García.