
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) --que ha calificado de "organismos controlados por Pedro Sánchez"--, "fallaron de forma clamorosa" el 29 de octubre, día de la dana, y pusieron "en peligro vidas humanas".
Así se ha manifestado Barrachina, a través de un comunicado, en relación al informe judicial elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, remitido a la jueza que instruye la causa de la dana, en el que se apunta que cabría preguntar a los responsables de la CHJ "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones".
Al respecto, Barrachina ha sostenido que el informe "es tan contundente como devastador" y ha relatado que "entre las 16.13 y las 18.43 horas del 29 de octubre, mientras el caudal del barranco del Poyo se disparaba de forma exponencial, superando hasta tres umbrales críticos y alcanzando los 1.686 m3/s, no se emitió ni una sola alerta al 112 ni a la Delegación del Gobierno, pese a estar obligado por protocolo". "Eso no es un error. Es una omisión gravísima," ha aseverado.
Asimismo, ha agregado el "retraso sistemático de Aemet, que envió las 19 alertas de lluvias torrenciales con hasta 50 minutos de demora sobre el inicio previsto y sin ofrecer en ningún momento datos en tiempo real, ni siquiera durante la reunión clave del CECOPI a las 17:00h".
"Durante meses, desde el Gobierno de España y desde Compromís han negado la evidencia, esparciendo bulos y culpando a otros. Hoy, gracias al riguroso trabajo de la Guardia Civil, se confirma lo que desde la Generalitat llevamos meses denunciando que el gobierno de España no aporto la información cuando lo tenía que hacer", ha sostenido el conseller.
Por ello, ha exigido al Gobierno de España "explicaciones públicas inmediatas, así como una revisión profunda e independiente de los protocolos que, a la luz de lo ocurrido, han fallado estrepitosamente".
"Lamentamos profundamente que hayan tenido que pasar meses para que se reconociera la magnitud del fallo", ha expresado, al tiempo que ha agregado que "no se puede pedir confianza institucional cuando se oculta la verdad". "La ciudadanía merece saber qué ocurrió y por qué. Y merecen también que se asuman responsabilidades, porque lo que ocurrió el 29 de octubre no puede volver a repetirse," ha concluido.
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