Barcelona, 19 jun (EFECOM).- El Gobierno central y la Generalitat han oficializado este jueves la constitución de la nueva empresa que gestionará el servicio catalán de cercanías Rodalies, un acuerdo que da cumplimiento a los compromisos suscritos con ERC a pesar de que no establece un calendario para que la mayoría accionarial sea del Govern.
La gobernanza de la empresa Rodalies de Catalunya estará en manos de la Generalitat, que designará a cinco de los nueve miembros del Consejo de Administración, incluido el presidente, pero la estructura accionarial será de un 50,1 % para Renfe Viajeros y un 49,9 % para el Govern.
Los cuatro puestos restantes los nombrará Renfe, que cederá una de sus sillas a la representación legal de los trabajadores.
El acuerdo, del que ERC ha sido "absoluto protagonista", ha sido presentado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, que han calificado el pacto de "hito histórico" y han negado en rotundo que la nueva compañía sea una filial de Renfe.
La semana que viene Renfe autorizará la creación de la nueva compañía, una sociedad mercantil con dos millones de euros de capital y con sede social en Cataluña, y, a finales de julio, el Consejo de Ministros dará su aval, igual que el Govern, que también tendrá que aprobar la participación en la nueva empresa.
"Sin ninguna duda es un traspaso integral", ha aseverado Santano, que ha negado que la nueva empresa sea "una filial de Renfe"; mientras que Paneque ha valorado el acuerdo y ha instado a otros partidos y actores a "no echar agua al vino".
Tanto desde las administraciones como desde ERC han subrayado que esta adscripción a Renfe de la nueva compañía permite garantizar los derechos laborales de los trabajadores, como agilizar la obtención de los permisos y autorizaciones de circulación.
El pasado marzo, el Ministerio de Transportes y el Govern llegaron a un acuerdo con los sindicatos para desconvocar una huelga de los trabajadores de Renfe contra el traspaso bajo el compromiso de que la nueva empresa seguiría adscrita a Renfe para garantizar los derechos de los empleados de Rodalies y la posibilidad de trasladarse a otros puntos de España.
Entonces, ERC afirmó que esta era una fórmula "temporal" para pacificar las relaciones con los sindicatos y dio dos años de margen para que la nueva empresa pasara a estar adscrita a la Generalitat, un plazo que ahora no se menciona en el acuerdo y sobre el que los republicanos no ponen el acento.
En este sentido, los estatutos de la nueva empresa contemplan la posibilidad un cambio de mayorías en el accionariado de la nueva empresa mixta: la Generalitat podrá instar a que se negocie que pueda asumir la mayoría del capital, una operación que deberá ser consensuada entre las dos administraciones y con la participación de la representación de los trabajadores.
Desde las filas de ERC, la portavoz parlamentaria, Ester Capella, ha remarcado que la nueva empresa será una compañía "plenamente catalana", porque la gobernanza estará controlada por el Govern; y ha afirmado que en un futuro la Generalitat acabará siendo su máxima accionista.
Capella ha defendido que la fórmula de una empresa mixta con mayoría accionarial de Renfe "es un instrumento que tiene que llevar al traspaso integral" y ha justificado que no se establezca un calendario para que la Generalitat tenga la mayoría accionarial de la empresa: "Es para no encorsetar el ritmo del traspaso a la espada de Damocles" de fijar un plazo.
Por parte desde Junts, el diputado Salvador Vergés ha señalado que el acuerdo perpetua "la sumisión del Govern a su dueño de Madrid": "Nuestros miedos tenían fundamento y nos presentan una filial de Renfe en la que sigue teniendo la zarpa de manera mayoritaria el Estado español".
Para Vergés, el acuerdo supone "la regionalización de Renfe" y una "rebaja de pretensiones por parte de ERC".
Y el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha valorado positivamente el acuerdo, por ser "un paso en la buena dirección", pero ha agregado que "no puede suponer en ningún caso una dilación de la mejora que debe prestar el servicio". EFECOM
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