El PP presentará este martes, 17 de junio, la ponencia política de su XXI Congreso Nacional --que celebrará en Madrid entre los días 4 y 6 del próximo mes de julio-- en un acto en Sevilla en el que participarán el presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, junto a su homólogo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la eurodiputada del PP Alma Ezcurra, encargados de la elaboración de este documento con el que los 'populares' buscan un rearme ideológico para afrontar las próximas citas electorales.
El acto se celebrará a partir de las 13,00 horas en Sevilla, en las instalaciones deportivas del Real Círculo de Labradores, y está previsto que al mismo asistan también el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y el presidente provincial del Partido en Sevilla, Ricardo Sánchez, según figura en la convocatoria remitida a los medios de comunicación.
A partir del miércoles, 18 de junio, se abrirá una semana de plazo para que los afiliados puedan presentar enmiendas a este documento cuyo preámbulo divulgó el PP el pasado sábado, y en el que la formación reivindica la Transición española, así como asegura que la España de 1978 "ha sido la mejor de todas, la más libre y la más próspera", aunque considera que "hoy está amenazada".
A juicio de dicha ponencia, los actuales dirigentes socialistas vieron en las fuerzas independentistas "su única oportunidad para acceder al Gobierno", y dejaron atrás "décadas centradas en la construcción de un país más integrado y robusto".
"La Transición política y la cohesión nacional han sido sus víctimas", ahonda en dicho documento el PP, que considera que el apoyo de las fuerzas independentistas ha tenido un "precio inadmisible".
"Formaciones que solo defienden los intereses de una parte, que trabajan abiertamente por la desintegración o que, incluso, han sido condenados por sedición, controlan la gobernabilidad y tienen la última palabra sobre las políticas de Estado", avisa la formación.
El PP también hace hincapié en los "indultos a condenados por el Tribunal Supremo, la eliminación del delito de sedición, la reducción de penas a la malversación y la supresión de contrapesos al poder y politización de los órganos constitucionales como primeras consecuencias de los acuerdos".
Además, vuelve a lamentar que no fuese el candidato del partido más votado --en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo-- quien salió investido como presidente en las últimas elecciones generales: "Ocurrió porque se pactó la amnistía de los más graves delitos contra el Estado, se garantizó la impunidad a cambio del voto", subrayan los 'populares'.
Del mismo modo, rechazan que el Gobierno reaccione a sus "graves casos de corrupción" atacando a la Judicatura y a las Fuerzas de Seguridad del Estado.
"Por primera vez, y a cambio de unos meses más en la Moncloa, los actuales dirigentes del Partido Socialista están asumiendo como propia una mutación constitucional que pretende hacer de España un Estado plurinacional, de corte confederal", lamenta el PP, que defiende en el preámbulo de su ponencia política la unidad de los españoles para volver a "hacer grandes cosas".
USO DE LENGUAS COOFICIALES
Por otro lado, el PP plantea también en su ponencia política reservar el uso del catalán, el euskera y el gallego al Senado, y defiende "un bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios".
"Velaremos por el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados y mantendremos la posibilidad de uso lenguas cooficiales en el Senado", asegura el texto del documento político que se presentará este martes, consultado por Europa Press.
De esta manera, el PP defiende en esta ponencia un "bilingüismo cordial que busque la convivencia equilibrada entre las lenguas cooficiales en los distintos territorios". "La diversidad de las lenguas de España es una manifestación de nuestra riqueza cultural que debemos preservar y potenciar", añade el texto.
Por eso, el PP se compromete a velar por el uso de la lengua común en el Congreso y mantener la posibilidad de uso lenguas cooficiales en el Senado. A su entender, "la lengua no puede ser una traba, sino un mérito para acceder a la función pública".
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