La Fiscalía del Principado de Asturias solicita ocho años de prisión para un acusado de facilitar cocaína y hachís a menores, en Avilés. La vista oral está señalada para este martes, 17 de junio, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 11.30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, nacido en República Dominicana en 1989, facilitaba al menos desde noviembre de 2021 que menores de edad consumieran drogas, en concreto cocaína y de hachís, tanto en su domicilio de Avilés como fuera del mismo.
No llegó a utilizar a los menores para que distribuyeran las citadas sustancias a terceros. En concreto, en el mes de noviembre de 2021, el acusado habría entregado 2 gramos de hachís al hijo de su expareja y que contaba en ese momento con 14 años de edad, pese a conocer su edad y, además, que tenía diagnosticado hiperactividad y vínculo del afecto desinhibido, que le hace ser especialmente vulnerable.
Siempre según el relato del Fiscal, posteriormente, el día 15 de diciembre de 2021, proporcionó a dos amigos del menor, que en ese momento contaban con 15 años, una cantidad no determinada de cocaína. También, una cantidad no determinada de hachís, que fue consumida por los menores en el interior del domicilio.
El 19 de diciembre de 2021, hallándose en la estación de tren de El Berrón, Siero, el acusado le entregó a uno de los menores anteriores dos bolsas que contenían marihuana para que la consumieran. El acusado se encuentra en situación regular en España, tiene concedida residencia permanente de familiar comunitario y se encuentra en trámites para conseguir la nacionalidad española, iniciados en fecha 21 de abril de 2021.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo la circunstancia de facilitación del consumo a menores de 18 años, en concurso con un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que no causan grave daño a la salud, concurriendo la circunstancia de facilitación del consumo a menores de 18 años.
Así, solicita que se condene al acusado a ocho años de prisión, así como la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El acusado deberá igualmente pagar las costas causadas.
Ante la necesidad de ejercer un efecto disuasorio en la comisión de delitos contra la salud pública, de conformidad con circulares de la Fiscalía General del Estado, no se solicita la sustitución de la pena de prisión por su expulsión del territorio nacional.
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