Perelló avisa de que la selección de jueces para integrar en la carrera judicial corresponde "en exclusiva" al CGPJ

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha avisado este miércoles de que "el proceso de selección de jueces y magistrados" para integrarlos en la carrera judicial corresponde "en exclusiva" al CGPJ, "que velará por la estricta observancia de los principios de mérito y capacidad y por su adecuada formación técnica".

Así lo ha manifestado este miércoles en Alicante, en alusión al anuncio del Ministerio de Justicia de la creación de nuevas plazas para este 2025, para el que, según ha remarcado, no se ha concretado un calendario. También ha señalado que el "déficit de planta" es una "realidad sostenida que supone un gran problema".

Perelló ha participado en la inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados y Jueces Decanos de España, donde ha estado acompañada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Manuel José Baeza, y el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, entre otras autoridades judiciales.

Durante su intervención, también ha reivindicado que los cambios que genera la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, vayan acompañados de incrementos de personal y presupuesto.

Sobre esta norma, que implica la modificación de la estructura judicial y, entre otras cosas, la atribución de nuevas funciones a las presidencias de los tribunales de instancia, que asumirán los jueces decanos, ha señalado que el CGPJ sigue "muy de cerca" las modificaciones que supone.

MÁS PERSONAL Y PRESUPUESTO

Perelló ha remarcado que los jueces decanos ejercen "una función central en la estructura organizativa de estos nuevos tribunales de instancia, lo cual, como es lógico, genera preocupación si no hay medios para ello", y ha recordado que el CGPJ ha reiterado "cada vez que ha tenido ocasión que todos los cambios que genera esta ley deben ir acompañados de incrementos de personal y de presupuesto".

Igualmente, ha aseverado que el órgano de gobierno de los jueces es consciente "de las inquietudes sobre diversas materias que en la actualidad atañen de plano a la justicia", que son "en gran parte" compartidas por el CGPJ, "como ha quedado reflejado en los informes que este órgano ha elaborado sobre determinados proyectos normativos sometidos a su consideración".

En referencia al contenido de esos proyectos, ha señalado que el legislador "tiene como límite el respeto a la Constitución y no puede desviarse de la configuración del poder judicial como un poder rodeado de las garantías que lo hacen digno de ese nombre ni tampoco puede el legislador degradar el estatuto de los jueces ni afectar negativamente aspectos que atañen a principios sustanciales o nucleares como son la independencia, el mérito y la capacidad".

"No os quepa duda de que estaremos atentos a la evolución que se vaya produciendo y, en su caso, a cualquier cuestión que pudiera suponer el más mínimo atisbo de merma en vuestra independencia o que pueda afectar a vuestras condiciones de trabajo", ha agregado.

"PACTO DE ESTADO" ANTE UN "CAMBIO ABSOLUTO"

De otro lado, José María Páez, vocal del CGPJ, ha afirmado que le hubiera gustado que la Ley de Eficiencia de la Justicia, que supone un "vuelco muy importante", hubiera estado "dentro de un pacto de estado" porque "era muy importante una sintonía global" para recoger "aportaciones de todos".

"También tenemos que ser críticos y señalar aquellas cuestiones que creemos que son manifiestamente mejorables", ha aseverado Páez sobre esta norma, que, según sus palabras, conlleva un "cambio absoluto". "Vamos a estar muy vigilantes", ha enfatizado.

En la misma línea, Lucía Avilés, vocal del CGPJ, ha reivindicado el papel de "liderazgo" del órgano judicial del que forma parte para "dar una respuesta y bases" para "servir de apoyo" ante las "muchas certezas e incertidumbres" que surgen en cuanto al desarrollo de la Ley de Eficiencia.

Así, ha abogado por sacar "conclusiones claves" de este encuentro que se desarrolla en Alicante y por llevar a cabo un "liderazgo conjunto y colaborativo, que también está en el espíritu de la ley", para "intentar construir entre todos un servicio público de calidad que pueda ser una auténtica garantía de derechos para la ciudadanía".

Por su parte, Baeza ha remarcado durante su intervención que este encuentro de decanos "se consolida como un espacio indispensable para reflexionar, compartir experiencias y avanzar en la mejora de la justicia".

Además, ha asegurado que estos son "el pilar que garantiza no solo el buen funcionamiento de la oficina judicial, sino también la eficiencia que la ciudadanía exige", en el marco de una labor que "a menudo es silenciosa" pero "es esencial para mantener la cohesión y calidad del sistema de justicia".

El presidente del TSJCV confía en que estas jornadas de "diálogo y trabajo conjunto" sirvan para "extraer conclusiones prácticas que fortalezcan" la labor judicial y "sean una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos con una justicia cercana, moderna y al servicio de la ciudadanía".

Asimismo, el magistrado-juez decano de Alicante, César Martínez Díaz, quien ha introducido la jornada y ha dado la bienvenida a los asistentes, también ha asegurado que en el ámbito judicial hay "preocupación por distintas cuestiones" en este contexto.

"IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD"

Al acto también ha asistido la consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, quien ha reclamado, en un comunicado, que los principios constitucionales como la igualdad, mérito y capacidad "se mantengan como requisitos de acceso a la carrera judicial y fiscal".

De esta forma, Martínez ha respaldado la jornada de paro convocada por las asociaciones de jueces y fiscales para mostrar su "rechazo" a dos proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo central.

Según la consellera, esta acción sirve para "mostrar la disconformidad respecto al proyecto de Ley Orgánica por la que el Gobierno pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por considerar que pone en riesgo la independencia judicial, y, por otro, para rechazar el proyecto de ley que pretende reformar la Fiscalía con el objetivo de que las investigaciones penales pasen a manos de los fiscales".

"El Gobierno de Sánchez quiere vender un supuesto fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, pero estas reformas ponen en riesgo la independencia judicial", ha apuntado, para luego incidir en que "estas reformas no solo rompen con la división de poderes y la independencia del poder judicial, sino que permiten la politización y la intervención" por parte de la administración central.

Según Martínez, el Ejecutivo central "ya se ha manifestado inclinado a restar, en los procesos penales, la competencia de investigación a los jueces para atribuírsela a los fiscales, cuando estos se encuentran sometidos a la dependencia jerárquica de un Fiscal General del Estado nombrado a propuesta del Gobierno".