Madrid, 2 jun (EFE).- Los gobiernos autonómicos y el central no han logrado cerrar un orden del día para la Conferencia de Presidentes que se celebrará el viernes, pero están de acuerdo en la necesidad de hablar de educación, un capítulo con grandes diferencias de una comunidad a otra tanto desde el punto de vista de la inversión, como de los resultados.
El debate está servido y en el foco está la educación universitaria, a la espera de que el Gobierno apruebe su anunciado real decreto que prepara para endurecer los requisitos para crear y reconocer universidades y frenar lo que denomina "chiringuitos".
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado ya que usará todas las herramienta legales para evitar lo que considera "un atropello".
Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, publicado el pasado diciembre, las universidades públicas de Madrid y de Cataluña son las peor financiadas, con alrededor de 5.500 euros por alumno.
En el otro extremo se sitúan la Rioja, Navarra y el País Vasco, que superan los 9.000 euros por estudiante universitario.
Por universidades, de acuerdo con este ranking la mejor financiada sería la Politécnica de Valencia, seguida de la Universidad de La Rioja, la Politécnica de Cartagena, la Pública de Navarra y la del País Vasco.
Los precios públicos que pagan los alumnos son más elevados en las universidades peor financiadas. Con las tasas más altas se sitúan la Carlos III de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Complutense de Madrid.
Según los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en Madrid están alrededor de un tercio del total de las universidades privadas que operan en el pais.
El curso 2024-2025 empezó con el nuevo sistema de Formación Profesional Dual obligatorio, un reto para un país donde son mayoría los autónomos y las micropymes, lo que dificulta que el estudiante cuente con el tutor que exige la ley.
Según un informe presentado el año pasado por CCOO, a pesar de la creciente inversión, el alumnado que no logra una plaza pública en FP está aumentando y más de 300.000 jóvenes tienen que recurrir a un centro privado.
De acuerdo con los últimos datos que ofrece el Ministerio de Educación en su página web, relativos al curso 23-24, más de 1,1 millones de jóvenes estudian FP, lo que supone un incremento acumulado de casi el 30 % en los cinco años previos.
Había algo más de 4.000 centros de formación profesional en todo el país y, de ellos, el 65,4 % eran públicos, donde estudiaba el 66,4 % de los alumnos.
La educación infantil de 0 a 3 años no es obligatoria, pero el Gobierno se ha comprometido a hacerla universal creando plazas públicas y gratuitas en todas las comunidades. Ha destinado 670 millones de los fondos europeos a las autonomías para contar con 65.000 nuevas plazas de titularidad pública.
Pero hay distintas velocidades y sistemas en las comunidades. Algunas financian al 100 % las plazas en las escuelas públicas, aunque no cubren toda la demanda, y otras garantizan también la gratuidad en centros privados u ofrecen ayudas a las familias.
Galicia fue la primera en implantar la gratuidad de esa etapa y cubre el 90 % de los centros, independientemente de su titularidad (autonómicos, municipales o privados).
El Gobierno de Aragón, por su parte, ha prometido alcanzar en 2027 la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Ahora son gratis las plazas en las once escuelas infantiles que dependen del Gobierno de Aragón.
Las dispares notas de PISA
A la espera de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) procese las pruebas a las que en las últimas semanas se han sometido miles de alumnos en distintas partes del mundo y publique el año próximo su nuevo análisis global, el último informe PISA data de 2022 y muestra notas muy dispares por comunidades autónomas.
Los alumnos de Castilla y León, Asturias, Cantabria, la Comunidad de Madrid y La Rioja se situaban en los primeros puestos tanto en matemáticas como en lectura y ciencias.
Los peores clasificados eran los alumnos de Ceuta y Melilla, pero tampoco salían bien parados los de Canarias, Andalucía o Castilla La Mancha. EFE
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