El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tomará declaración como investigado este viernes a partir de las 10.15 horas al inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díaz Sevillano, en el marco de la causa en la que se indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos.
Así consta en una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el instructor accedía a practicar dicho interrogatorio a petición de la formación 'morada', personada en la causa. La Fiscalía se mostró a favor de la diligencia después de escucharle declarar como testigo.
Esta misma semana, pero el miércoles y a partir de las 10.30 horas, el magistrado escuchará como testigo al exjefe de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas. Ese mismo día, está citado a declarar otro agente policial.
Aunque el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 accedió a interrogarles, denegó la petición del partido imputar a los excargos del Gobierno de Venezuela que declararon como testigos, Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado, al considerar que no hay indicios suficientes para tomarles declaración "al no tener relación con la causa".
El pasado marzo, en sus testificales, tanto Villalobos como Ochoa indicaron que altos funcionarios policiales --incluido el propio Bonifacio Díaz-- acudieron a ellos para obtener información sobre cargos de Podemos, llegando a darles incluso fichas policiales para que los identificaran.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Hace más de un año que el juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
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