Madrid, 30 may (EFE).- Un despacho de abogados ha solicitado que la Audiencia Nacional impida, cuanto antes y sin escuchar la versión del Ministerio de Economía, que el Gobierno pueda usar la información recabada en la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell para decidir si impone condiciones adicionales al comprador.
Según han informado a EFE fuentes del equipo de Statera Legal, este viernes se ha solicitado la adopción de esta medida cautelarísima -en la que ya no hay que escuchar a la otra parte- para suspender la utilización de los resultados de la consulta pública.
La decisión se toma después de que el pasado martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunciara en el Senado su decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros, que dispone de un plazo de 30 días para aclarar si impone condiciones adicionales al comprador para proteger el interés general.
El bufete había solicitado ya a la Audiencia Nacional como medida cautelar que estos datos no se usaran, pero para evitar que antes de que se resuelva esta pieza separada el Gobierno tome una decisión sobre el futuro de la opa usando la información de la consulta pública, ahora Statera Legal plantea que se adopte de forma urgente.
Eso lo hace a través de la denominada cautelarísima, que implica que, si la Audiencia Nacional aprecia la motivación dada, se acordaría en un plazo muy breve (dos días según la jurisdicción contencioso-administrativa) sin oír al Ministerio de Economía.
La utilización de la medida cautelar inaudita parte o cautelarísima es, a juicio del mismo bufete, proporcionada respecto del fin perseguido. Con la misma no se impide la formulación de las alegaciones oportunas para, en caso de ser estimadas, pueda ser levantada antes del 26 junio, fecha límite para que el Consejo de Ministros tome una decisión sobre la opa.
Por consiguiente, argumentan, se garantiza que se pueda adoptar la decisión que corresponda, sin que el Gobierno pueda eludir la revisión jurisdiccional acelerando su decisión y todo ello sin que, en el eventual supuesto de que se desestime la adopción de las mismas, sea viable la utilización de los resultados de la consulta pública.
El Ministerio de Economía abrió una consulta pública del 6 al 16 de mayo para recabar la opinión de cualquiera que considerara que la opa del BBVA al Sabadell afecta al interés general, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobara la operación sujeta a una serie de compromisos.
La idea era escuchar la opinión de terceros para que el Ministerio de Economía, con toda la información disponible, decidiera si elevaba la cuestión al Consejo de Ministros, como finalmente hizo, lo que abre la puerta a que el Ejecutivo imponga nuevas condiciones que compliquen la operación para el BBVA. EFE
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