Madrid, 27 may (EFE).- Las comunidades gobernadas por el PP quieren debatir en la Conferencia de Presidentes que el próximo 6 de junio les reunirá en Barcelona con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, sobre inversiones en el sistema energético y en transporte, control de fronteras y, por supuesto, financiación.
Mientras las del PP han formulado al Gobierno una propuesta casi idéntica de asuntos a tratar, las gobernadas por el PSOE han pedido hablar sobre diferentes cuestiones, entre ellas modernización de los servicios públicos, inversión en defensa y seguridad y también financiación.
Lo mismo que las dos comunidades que no presiden ni populares ni socialistas -aunque forman parte, respectivamente, de ambos Ejecutivos-: Canarias, interesada en que se hable sobre inmigración, y País Vasco, que quiere abordar la transición energética y la descarbonización de la industria.
Según han indicado a Efe fuentes de la reunión, estas son algunas de las peticiones que los diferentes gobiernos autonómicos han formulado al Gobierno en respuesta a la petición que este les hizo por carta el pasado día 20 de cara a la reunión mañana miércoles del Comité Preparatorio de la Conferencia de presidentes.
Aunque las comunidades tenían hasta el pasado viernes para remitir los asuntos que tengan interés en llevar al orden del día, hasta el domingo no llegó la última respuesta, la del Ejecutivo aragonés.
Será el Comité Preparatorio de mañana, en el que está prevista la participación de representantes de todas las autonomías, el que decida qué temas se tratarán en la cumbre de Barcelona junto a los propuestos por el Gobierno del Estado: el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria.
De acuerdo con la información recabada por EFE, 14 de los 19 gobiernos autonómicos han comunicado al Gobierno su voluntad de abordar la reforma del actual sistema de financiación autonómica, vigente desde 2009 y caducado hace más de 10 años.
Así lo han solicitado todos los Ejecutivos del PP -los de las comunidades de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, que además han incluido la reestructuración de la deuda y la demanda de aprobación por real decreto ley de las entregas a cuenta, más el castellanomanchego del socialista Emiliano García-Page.
Los primeros han planteado también su deseo común de hablar sobre seguridad en el modelo energético y en concreto inversiones técnicas en las redes de Red Eléctrica y energías de respaldo; sobre el déficit de infraestructuras críticas, incluida la red ferroviaria; y sobre la que consideran indelegable competencia exclusiva del Estado en control de fronteras e inmigración.
Junto a estos asuntos, las comunidades del PP han pedido abordar el déficit de profesionales sanitarios y, respecto a los temas planteados por el Gobierno han hecho dos apostillas: en vivienda quieren debatir sobre lucha contra la okupación y en educación demandan tratar sobre la financiación del tramo de 0-3 años.
En algún caso han añadido temáticas particulares, como Murcia, interesada en plantear la necesidad de un pacto nacional del agua.
El Ejecutivo socialista del Principado de Asturias ha pedido, casualmente como los del PP, tratar el tema de las escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años, así como la inversión en defensa y seguridad y la necesidad de dar una respuesta coordinada a la crisis arancelaria mundial.
Frente a estas comunidades, Navarra, presidida por la socialista María Chivite, no ha solicitado hablar de más asuntos que los planteados por el Gobierno central porque los considera de suficiente importancia y cree que tiene mucho que aportar en ambos casos.
También la anfitriona está satisfecha con el orden del día sugerido desde Moncloa. Para el gobierno catalán que preside el socialista Salvador Illa, el asunto prioritario es la falta de acceso a una vivienda asequible, por lo que el 6 de junio buscará un acuerdo marco entre todas las comunidades para movilizar recursos y desplegar políticas estratégicas que aborden esta problemática.
Aparte, ha pedido al Gobierno del Estado tratar sobre modernización y transformación de los servicios públicos, abarcando ámbitos como la digitalización y la simplificación de los procesos administrativos.
El gobierno de Canarias quiere impulsar un plan migratorio estructural en el Estado y abordar también modificaciones en la legislación de régimen local para que las entidades locales puedan adoptar acuerdos que limiten la adquisición o uso de viviendas por personas no residentes.
En el caso de Euskadi, el lehendakari, Imanol Pradales, ya adelantó que su Ejecutivo ha trasladado su deseo de abordar la transición energética y la descarbonización de la industria y que si se incluyen en la agenda acudirá a Barcelona a la Conferencia el 6 de junio. EFE
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